La participación de Estados Unidos en las conversaciones de paz de Colombia plantea interrogantes sobre cómo Colombia abordará el delicado tema de otorgar inmunidad a los líderes de las FARC frente a ser extraditados a Estados Unidos, donde son requeridos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
El ex secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson, fue designado enviado especial de las conversaciones de paz que se celebran en La Habana entre el gobierno colombiano y la guerrilla de izquierda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Aronson, quien participó previamente en los esfuerzos de paz de Nicaragua y El Salvador, no se sentará en la mesa de negociaciones, pero escuchará a los participantes y proporcionará asesoría y aclaración, dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
Los medios locales describieron el anuncio —que llega más de dos años después del inicio de las negociaciones en La Habana— como una muestra de apoyo de Estados Unidos y un empujón de credibilidad a las conversaciones de paz.
“El presidente [Barack] Obama ha llegado a la conclusión de que, si bien siguen existiendo grandes obstáculos, la búsqueda de una paz negociada en Colombia vale realmente la pena”, dijo el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, durante el anuncio de la designación de Aronson. Como un aliado cercano, Estados Unidos tiene la responsabilidad de ayudar a Colombia a alcanzar la paz, agregó Kerry.
Análisis de InSight Crime
Es importante señalar que la participación de Estados Unidos en las conversaciones de paz no sólo ha sido solicitada por el gobierno colombiano, sino también por las FARC. El nivel en que los líderes guerrilleros serán responsabilizados por sus presuntos delitos es un tema importante para los negociadores de las FARC, y Estados Unidos todavía puede jugar un papel clave en estas decisiones.
Estados Unidos ha enviado a la cárcel a varios líderes de las FARC por cargos relacionados con terrorismo y narcotráfico, y tiene órdenes de extradición vigentes para muchos otros cabecillas. Aunque la liberación de los líderes encarcelados es muy poco probable, los negociadores de las FARC pueden buscar que, de presentarse un acuerdo de paz, las órdenes de extradición no sean implementadas. Aronson podría ser el canal entre las solicitudes de las FARC y una aclaración por parte de Estados Unidos al respecto.
Podría decirse que, para dar un impulso a las negociaciones, las FARC —que obtienen la mayor parte de su financiación de las drogas— podrían ofrecer a Estados Unidos ayuda e inteligencia en la lucha contra el narcotráfico, pero eso implicaría admitir cierto grado de participación en el tráfico de drogas, algo que hasta ahora no ha sido aceptado por la cúpula de la guerrilla. Adicionalmente, Estados Unidos puede tener gran interés en un acuerdo de paz y en el mayor acceso a los mercados de Colombia y a sus recursos naturales que podría traer el fin del conflicto.
Por otro lado, en caso de que Estados Unidos decida ejercer presión sobre el tema de la extradición, su influencia sería innegable. Estados Unidos representa un soporte financiero clave para Colombia, y el presidente Obama acaba de pedir al Congreso US$288 millones en ayuda económica y lucha antinarcóticos para Colombia en 2016. El senador colombiano y partidario del acuerdo de paz Roy Barreras dijo recientemente que la implementación del acuerdo de paz y la consolidación de la seguridad en Colombia costará unos US$44,4 mil millones, lo que quiere decir que es posible que el país necesite aún más apoyo financiero de Estados Unidos, así como mayor influencia de dicho país en las negociaciones y en el destino de los líderes de las FARC.