Un reciente informe de un grupo de interés de Bolivia señala cómo las experiencias de la nación andina en relación con la erradicación forzosa de la coca pueden ser usadas como una lección para Colombia, donde se está presentando un aumento en la producción de la cocaína, a la vez que se está implementando un acuerdo de paz con el grupo guerrillero de las FARC.
El informe de la Red Andina de Información, titulado “Lecciones de Bolivia”, dice que el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) “representa una oportunidad importante” para que Colombia rediseñe su estrategia de control de la coca. Las FARC, que se creía que controlaban gran parte de la producción de coca en Colombia, ahora se encuentran concentradas en campamentos temporales como parte de los términos del acuerdo de paz.
El informe sostiene que Colombia debe aprovechar esta oportunidad para estudiar modelos alternativos para la reducción de la coca como el desarrollado en Bolivia a partir de 2005, cuando el excocalero Evo Morales fue elegido presidente por primera vez.
Durante la administración de Morales, Bolivia ha establecido un sistema mediante el cual los agricultores registrados pueden cultivar una parcela de coca de 1.600 metros cuadrados, conocida como “cato”. La cantidad de coca cultivada en Bolivia ha disminuido constantemente en los últimos años, pasando de 30.500 hectáreas en 2008 a 20.200 hectáreas en 2015, según el informe.
El gobierno boliviano había implementado previamente campañas de erradicación forzosa junto con programas alternativos de desarrollo dirigidos a los productores de coca. Pero el informe señala que estos programas, muchos de los cuales fueron respaldados por el gobierno de Estados Unidos, no les ofrecieron a los agricultores alternativas económicas viables frente a los cultivos de coca que serían destruidos. Esta política condujo finalmente a violentos enfrentamientos entre líderes de la comunidad y las fuerzas de seguridad y no dio lugar a una reducción sostenida de los cultivos de coca, como señala el informe.
Análisis de InSight Crime
El modelo boliviano sí proporciona algunas lecciones importantes para Colombia, como la importancia de respetar los derechos humanos y proteger la subsistencia de los cocaleros.
Pero hay diferencias importantes en la dinámica de la coca en Bolivia y Colombia, lo que quizá les impida a las autoridades colombianas adoptar una estrategia similar a la política de “cato” en Bolivia. A diferencia de Bolivia, los grupos armados ilegales en Colombia luchan por el control de los cultivos de coca, lo que hace que la intervención sea mucho más difícil —y peligrosa— para los actores estatales. Además, en Colombia no hay un mercado interno importante para los usos tradicionales de la coca como sí existe en Bolivia, por lo que sería difícil determinar el fundamento legal para la regulación de la coca por parte del gobierno.
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No hay duda, sin embargo, de que Colombia necesita una nueva estrategia o una mejor implementación de su estrategia actual para detener la producción de coca. El cultivo de la planta se ha disparado en los últimos años y se estima que llegó a 188.000 hectáreas en 2016 —una cifra sin precedentes— Los cocaleros dicen que el gobierno está recurriendo demasiado a la erradicación forzosa, a expensas de los programas de sustitución de cultivos, lo que ha llevado a los agricultores a realizar numerosas manifestaciones con el fin de impedir el trabajo de los equipos de erradicación. Por su parte, algunos funcionarios sostienen que los grupos del crimen organizado les están pagando a los agricultores para que hagan dichas protestas.