El presidente de Colombia ha sancionado una ley que declara crimen de lesa humanidad a los actos de violencia sexual cometidos durante el largo conflicto armado del país, pero las preguntas sobre cómo aplicar la legislación de forma que beneficie a las víctimas, todavía se mantienen.
El 18 de junio, el presidente Juan Manuel Santos firmó una ley que da esta categorización a la violencia sexual sistemática o generalizada perpetrada en el contexto del conflicto, y que permite un período de tiempo indefinido a la investigación y enjuiciamiento de estos actos, informó El Tiempo. La legislación complementa la Ley de Víctimas existente en Colombia, y ofrece una amplia concepción de la violencia sexual, incluyendo dentro de los crímenes al aborto forzado y a los actos de esterilización obligados.
Bajo la nueva normatividad, se obliga a los tribunales a presumir la credibilidad del testimonio de la víctima, y los investigadores estatales a realizar esfuerzos serios en la obtención de pruebas que demuestren el crimen.
Los perpetradores de violencia sexual serán procesados ??según las mismas normas, independiente del grupo armado al que pertenezcan, lo que significa que los soldado acusados ??de actos de violencia sexual podrá ser juzgados en un tribunal civil, en lugar de en uno militar.
Según Santos, 4.672 mujeres han sido reconocidas como víctimas de la violencia sexual en el contexto del conflicto armado del país.
Análisis de InSight Crime
Un informe publicado en marzo por la Organización de Naciones Unidas (ONU-pdf) destacó el uso de la violencia sexual para establecer control territorial, y la intimidación a las mujeres, como medios de control social en el conflicto armado de Colombia. Las mujeres y niñas afrodescendientes se han visto particularmente afectadas. Estimaciones sobre la incidencia de este crimen en Colombia –incluyendo los casos que no han sido oficialmente reportados- varían desde 90.000 en lo que va del conflicto, hasta 500.000 sólo en la última década.
La nuevas legislación cumple con los estándares internacionales que requieren que la violencia sexual relacionada con el conflicto sea tratada como un crimen de guerra o como uno de lesa humanidad, y es un paso en la dirección correcta en un país donde se estima que durante el conflicto, menos del diez por ciento de los agresores sexuales han recibido condenas.
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La ley incluye diversas cuestiones planteadas en un un informe presentado en 2012 por Amnistía Internacional (pdf) sobre la violencia sexual en Colombia, que identificó a un sistema de justicia especializado en lo militar, y a la inadecuada voluntad política, como obstaculos para las victimas que buscan la justicia.
Sin embargo, la plena implementación de la ley –que aplica a crímenes cometidos antes de su implementación y que teóricamente podría implicar la investigación de casos de violencia sexual cometidos durante cinco décadas- no será una tarea fácil. Las experiencias en los procesos posconflicto llevados a cabo en otros países demuestran que enjuiciar a los autores de los crimenes puede ser un proceso largo y difícil.
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