Un grupo de activistas dice que la exposición a productos químicos utilizados por los grupos criminales en los cultivos de plantas de marihuana y amapola podrían ser los causantes del aumento en la incidencia de cáncer entre los niños indígenas del norte de México.
Antonio Hernández, director de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), le dijo a El Universal que el grupo indígena Tarahumara ha experimentado una serie de casos de cáncer en el último año. Al parecer, todos los casos están relacionados con niños de las montañas de Chihuahua, cuyas madres trabajan en campos de amapola y marihuana.
Estas madres suelen llevar a sus bebés a los campos mientras trabajan, exponiéndolos a sustancias químicas conocidas como "aceleradores", que son utilizados por los grupos criminales para que las plantas ilícitas crezcan más rápido y de mayor tamaño, dijo Hernández.
El municipio de Guadalupe y Calvo ha sido el más afectado, según la AMANC, con siete casos de cáncer reportados el año pasado. El municipio es además un importante productor de cultivos de marihuana; según estadísticas oficiales citadas por El Universal, las autoridades destruyeron 600.000 plantas en una sola operación en el mes de septiembre pasado.
Análisis de InSight Crime
La relación causal entre los "aceleradores" químicos y el cáncer infantil no ha sido demostrada, lo que significa que las autoridades deberán considerar si investigarán las denuncias de la AMANC. En el año 2015, Colombia prohibió el uso del herbicida glifosato, dado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) descubrió que puede causar cáncer. Sin embargo, reducir el uso de los aceleradores sería más difícil en México, dado que allí no son las autoridades, sino los grupos criminales, los que están fumigando los cultivos.
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Si bien el impacto del crimen organizado en la salud pública se mide generalmente en las tasas de homicidio y en las cifras del consumo de drogas, estos ejemplos demuestran que también podría considerarse en términos de enfermedades.
Además, el informe de El Universal subraya las múltiples formas en las que el crimen organizado puede afectar negativamente a las comunidades indígenas latinoamericanas. El grupo Wounaan, en Panamá, ha informado que la tala ilegal y la ganadería han causado la deforestación de sus tierras y la contaminación de sus ríos. En Brasil, la extracción ilegal de diamantes está llevando a la tribu Cinta-Larga "al borde de la extinción", según un fiscal local. Y el tráfico de drogas ha tenido graves consecuencias para las comunidades indígenas en varias partes de la región, como Venezuela y Honduras.
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