Una nueva serie de órdenes de arresto contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y su círculo cercano, ha cerrado aún más el cerco en torno al que solía ser un líder popular y muestra la determinación del país para llevarlo ante la justicia.
El 8 de agosto, la jueza Daniella Camacho anunció una orden de arresto preventiva contra Correa y pidió que Interpol emitiera una orden de búsqueda y captura, según informó El País. Interpol ha rechazado de manera reiterada este tipo de solicitudes previas, aduciendo que faltan pruebas.
Esta vez, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, ha acusado el expresidente de estar tras una red de sobornos que ha sido descrita como una “organización criminal bien estructurada que recibía pagos de contratistas del Estado”, como se lee en un informe de Ecuavisa.
Dicho esquema de corrupción presuntamente permitió que contratistas del gobierno donaran dinero a la campaña presidencial del partido político Alianza PAÍS, que en 2013 volvió a llevar al poder a Correa y a su fórmula presidencial, Jorge Glas.
Varios pesos pesados de la administración de Correa también están siendo investigados. El ex vicepresidente Glas, quien ya está tras las rejas por otro caso de corrupción, y los exministros Vinicio Alvarado, Walter Solís y María de los Ángeles Duarte, también enfrentan cargos.
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Unas veinte personas cercanas al gobierno de Correa están siendo investigadas por su participación en un caso conocido como Sobornos 2012-2016, así como por delitos como tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita, informó El Comercio.
El exmandatario, quien actualmente vive en Bélgica, niega las acusaciones y dice que hacen parte de una campaña de persecución política.
Pero esta no es precisamente la primera acusación en contra de Correa. Su sucesor, el presidente, Lenín Moreno, abrió una investigación en abril de 2018 para comprobar si Correa había recibido donaciones de campaña de parte de la ahora desaparecida guerrilla, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En una entrevista con Caracol, Moreno también aludió a un posible acuerdo entre el gobierno de Correa y elementos disidentes de las FARC para permitir el narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana.
“Podemos presumir que podría haber existido un acuerdo de algún tipo, a lo mejor tácito […] para el tránsito de los estupefacientes por nuestro sector de frontera”, afirmó el presidente.
Finalmente, Correa ha sido relacionado con el escándalo de corrupción de Odebrecht. La constructora brasileña supuestamente pagó US$11,3 millones a la campaña electoral de Correa y Glas en 2013. Si bien Correa niega esto último, ese ha sido un patrón común del caso de Odebrecht en toda la región.
Análisis de InSight Crime
En las condiciones actuales, hay pocas probabilidades de que Rafael Correa sea llevado ante la justicia por esta nueva orden de arresto o por cualquier otra. Él tiene residencia legal en Bélgica gracias a su esposa, de nacionalidad belga, y tradicionalmente Bruselas ha demostrado ser indulgente en los casos de extradición. Además, Bélgica y Ecuador no tienen ningún tratado de extradición vigente.
En 2018, la jueza Daniella Camacho ya había pedido la detención de Correa por el secuestro, siete años antes, de un opositor político en Colombia. Correa respondió diciendo que se sentía “violentamente perseguido” y agregó que estaba solicitando asilo político del gobierno belga.
Sin embargo, esta nueva investigación indica que la administración Moreno no dejará de hacer indagaciones en torno al periodo presidencial de su antecesor. Si bien es poco probable que Correa llegue a los estrados judiciales ecuatorianos, Moreno está aprovechando la situación para ir tras poderosos miembros de las élites del país.
Su propia administración no ha estado exenta de indagaciones. La Fiscalía General del Estado se encuentra adelantando al menos 20 investigaciones por corrupción que involucran a altas figuras políticas y económicas vinculadas a ambos gobiernos, según informó El Comercio.
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Obviamente, el temor por represalias se ha extendido entre los antiguos aliados de Correa. Su ministro de Obras Públicas, Walter Solís, está prófugo de la justicia luego de haber sido relacionado con malversación de fondos públicos. El exministro de Turismo de Correa, Vinicio Alvarado, huyó a Venezuela después de ser investigado por financiación ilegal de campaña.
Uno de los pocos que ha sido condenado hasta ahora es el ex vicepresidente de Correa, Jorge Glas, quien está pagando una pena de prisión de siete años en relación con el escándalo de Odebrecht, y enfrenta acusaciones de malversación de fondos en un caso diferente.
Correa se defendió en una entrevista con el medio argentino Página 12, diciendo que “A mí me quieren muerto fuera del país o preso en el país […] Saben que les ganamos cualquier elección si yo estoy”.
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