Reapertura de la frontera Colombia-Venezuela no acaba con las trochas, ni la violencia

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La reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela es un paso importante para impedir que los venezolanos atraviesen por trochas remotas donde son presa fácil de grupos armados. Pero esta medida no ayuda mucho a detener la violencia y el flujo de contrabando en la convulsionada zona.

El 8 de junio, el presidente Nicolás Maduro anunció la reapertura de los puentes que unen el estado de Táchira en Venezuela y el departamento de Norte de Santander en Colombia. La frontera estaba cerrada desde el 23 de febrero, luego de enfrentamientos violentos cuando las fuerzas militares venezolanas bloquearon la llegada de ayuda humanitaria procedente de Colombia.

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Christian Kruger Sarmiento, director de Migración Colombia, afirmó que 37.000 venezolanos cruzaron legalmente en las primeras 24 horas y que se redujo significativamente el uso de los pasos clandestinos conocidos como “trochas”. Fuentes en la zona fronteriza dijeron a InSight Crime que la Policía colombiana había empezado a destruir esos pasos y a cubrirlos con piedras.

Con el cierre de las fronteras, las trochas se convirtieron en puntos críticos de violencia, pues los grupos armados se disputaban las ganancias generadas por las mercancías de contrabando y la migración ilegal.

Registros del Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana a los que tuvo acceso InSight Crime muestran que en la ciudad fronteriza de Ureña, en Venezuela, los homicidios subieron más del 100 por ciento en el primer semestre de 2019, con 32 casos, en comparación con el mismo periodo de 2018, cuando se registraron 13. El incremento de los asesinatos se debió en parte a los tiroteos de pandillas en las inmediaciones de los puentes internacionales de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander.

Esos enfrentamientos, sin embargo, no son más que una intensificación de la violencia, que ha cobrado un número estimado de 10.000 vidas en la región desde 2012.

Análisis de InSight Crime

La reapertura del puente internacional es un alivio para muchos venezolanos que hacen viajes regulares a comprar productos básicos en Colombia, y para miles más que desean huir del país. La apertura de pasos fronterizos legales les evita el peligroso trayecto por las “trochas”, donde son presa fácil de criminales.

La “guerra por las trochas“, sin embargo, es anterior al último cierre fronterizo, y lo más probable es que se mantenga el conflicto, mientras sigan los flujos de contrabando para quien los quiera tomar.

Los grupos armados que se disputan el control incluyen a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (ex-FARC mafia), que se han expandido en la región en medio de la violenta crisis política que se vive en Venezuela.

Grupos paramilitares de Venezuela, conocidos como “colectivos”; nuevas pandillas como ‘La Línea”, y grupos narcotraficantes colombianos como Los Rastrojos también han entrado a competir por las rutas de contrabando y las redes extorsivas asociadas.

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Sin una acción policial efectiva a ambos lados de la frontera, el conflicto por los flujos de contrabando puede intensificarse entre estos grupos armados, quienes verán reducidos sus ingresos por extorsionar a los migrantes que transitan por esos caminos.

La implementación de dicha vigilancia policial es especialmente desafiante en la parte venezolana, donde los funcionarios fronterizos llevan mucho tiempo lucrándose del movimiento de contrabando y otras economías ilícitas.

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