Rebajas de penas en caso de corrupción en Brasil generan controversia

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El escándalo de corrupción masiva que sacude a Brasil está generando nuevas controversias sobre la implementación de rebajas de penas, que según los fiscales han resultado ser indispensables para desmantelar una extensa red criminal, aunque los detractores argumentan que este tipo de acuerdos les permiten a los delincuentes eludir a la justicia. 

A varias personas condenadas en relación con la “Operación de Lavado de Autos” se les han concedido enormes reducciones en sus penas de prisión por cooperar con las autoridades brasileñas, reportó la Folha de São Paulo.

El análisis de la Folha mostró que trece acusados lograron reducir la pena colectiva de prisión de más de 283 años a menos de siete.

La red de “Lavado de Autos” involucró a ejecutivos de la empresa estatal de petróleo Petrobras, quienes emitieron contratos de construcción inflados a cambio de comisiones ilegales y sobornos, que en algunos casos fueron lavados y canalizados hacia campañas políticas. De acuerdo con la Folha, varios de los cabecillas de la operación lograron reducir sus sentencias de décadas de prisión a tan sólo unos años, mientras que otros no pagarán ninguna pena, como contraprestación por la información proporcionada.

Uno de los ejemplos más destacados es el de Alberto Youssef, quien lavaba fondos para los participantes en esta red. Youssef, quien originalmente enfrentaba una pena de hasta 30 años de prisión, redujo su condena a sólo tres años, gracias a que proporcionó información sobre otros sospechosos.

Las repercusiones del escándalo del “Lavado de Autos” han alcanzado a antiguos altos ejecutivos de Petrobras, así como a agentes del poder político. Y, como informó anteriormente InSight Crime, han amenazado incluso con  implicar a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien se desempeñó como presidenta de la compañía petrolera durante el tiempo en que según los investigadores se llevaron a cabo la mayor parte de las actividades corruptas.

Análisis de InSight Crime

En declaraciones a la Folha, un fiscal federal del grupo de trabajo para la red de “Lavado de Autos”, Deltan Dallagnol, defendió el uso de rebajas de penas. “Las colaboraciones se hacen para lograr pruebas en relación con otras personas, incluyendo a criminales con papeles más relevantes en el crimen, y para recuperar el dinero desviado”, dijo, y agregó que 40 de estos acuerdos han permitido levantar cargos contra otros 179 sospechosos.

Por otro lado, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, exabogado de uno de los acusados que se acogieron a un acuerdo de rebaja de pena, calificó esta práctica como “una institución de dudosa legalidad y legitimidad”. Mariz argumenta que las rebajas de pena dan “absoluta credibilidad a la palabra del informante, quien en realidad está dando información simplemente para evitar ir a prisión”.

Ambos abogados tienen razón.

En otros casos de corrupción que involucran a las élites latinoamericanas, los acusados han tendido a protegerse unos a otros permaneciendo en silencio. Pero en el caso de las investigaciones de “Lavado de Autos”, el incentivo de la reducción del tiempo de prisión a cambio de información ha ayudado a los fiscales a desarrollar casos contra una vasta red de empresarios y políticos corruptos.

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Por otro lado, estas reducciones pueden haber llegado muy lejos. La disminución considerable —y en algunos casos la eliminación—  del tiempo de prisión para los acusados de alto perfil puede dar la impresión de que la información puede comprar la impunidad por delitos graves. El sistema judicial de Estados Unidos, que hace amplio uso de los acuerdos para rebajar penas en los casos de crimen organizado, ha sido objeto de críticas por razones similares.

Los resultados de los acuerdos de rebajas de penas no siempre satisfacen el clamor popular por la justicia, pero en algunos casos, como en el escándalo de “Lavado de Autos”, pueden ayudar a desmantelar poderosas redes criminales. Y ese proceso puede conducir a grandes cambios en las actitudes sociales hacia la corrupción, como se ha visto en Guatemala, donde la revelación de una red de fraude aduanero provocó un movimiento masivo contra la corrupción que ayudó a derrocar a un presidente y poner a otro en el poder.

En Brasil, donde las encuestas recientes muestran que los ciudadanos sitúan la corrupción en el primer lugar de la lista de los problemas de su país, el escándalo de “Lavado de Autos” podría representar un punto de inflexión similar.

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