Los prisioneros de México están pagando enormes cantidades de dinero para satisfacer sus necesidades básicas y de seguridad física, según señala un informe de prensa, lo que llama la atención sobre el papel de las prisiones en el fomento de los mercados ilegales, la corrupción y el crimen organizado.
Según la BBC, los presos mexicanos están pagando entre US$150 y 300 al mes por los servicios básicos para sobrevivir durante sus condenas. Para satisfacer las necesidades humanas básicas, como el agua potable y el baño diario, así como protección, los presos mexicanos les hacen pagos a los guardias y funcionarios de las prisiones, así como a otros presos.
Para tener un lugar donde dormir y una manta, por ejemplo, los presos pagan alrededor de US$6. Deben además pagar por cada cambio de su uniforme obligatorio —cerca de US$1,20 por cada conjunto—. Y en algunas prisiones, los reclusos pagan alrededor de US$20 por día sólo por ser incluidos en la lista de asistencia oficial.
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Las comunicaciones con el mundo exterior también son costosas y difíciles, ya que las tarjetas telefónicas tienen un costo, así como los teléfonos celulares, que pueden valer entre US$90 y 121. Además, las familias tienen que pagar por las visitas, lo cual incluye pagos por cada puerta que atraviesen.
Según la BBC, las ganancias obtenidas llegan a los funcionarios de alto nivel, aunque los funcionarios del gobierno niegan este nivel de corrupción.
Análisis de InSight Crime
Los altos costos de vida de los reclusos mexicanos son una muestra de las malas condiciones y la corrupción sistémica que abundan en las cárceles de Latinoamérica.
Los pagos que se les exigen para satisfacer las necesidades básicas y la seguridad han creado complejas y rentables economías en las que participan los funcionarios de las cárceles y los delincuentes por igual. Estos pagos, por ejemplo, involucran a funcionarios de todo el sistema penitenciario en los mercados ilegales y en las extorsiones.
Las inquietudes por la corrupción en el sistema penitenciario de México han crecido recientemente, tras la detención de Celina Oseguera Parra, exdirectora de prisiones federales, y por las consiguientes imputaciones de conexión de altos funcionarios con la increíble fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán de una prisión de máxima seguridad a mediados de este año.
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Estos cobros también promueven las actividades de las organizaciones criminales dentro y fuera de las prisiones. Según un reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (pdf), aproximadamente el 70 por ciento de las cárceles de México están “gobernadas” por las pandillas y los carteles —un sistema ilegítimo que se repite en toda la región—. La autoridad y las ganancias obtenidas a través de estos cobros en las prisiones refuerzan las estructuras de las organizaciones criminales dentro de las cárceles y robustecen sus milicias fuera de ellas.
Como lo señala la BBC, el costo de vivir en las prisiones a menudo recae en las familias de los reclusos. Estas familias, a menudo ya en posiciones social y económicamente precarias, pueden empobrecerse aún más e incluso participar en el crimen organizado debido a este sistema de extorsiones y a la predadora actividad criminal en las prisiones
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