Las autoridades de Argentina han presentado los niveles récord de incautaciones de drogas y arrestos desde 2015 como una señal de que su estrategia de seguridad está funcionando, pero los críticos argumentan que, si se lee entre líneas, la realidad es muy diferente.
Las fuerzas de seguridad argentinas han arrestado a más de 64.000 personas en casi 60.000 operaciones antidroga, lo que representa un aumento del 147 por ciento entre 2015 y 2018, según cifras oficiales publicadas por Perfil.
Las autoridades informaron además que la cantidad de cocaína incautada se duplicó entre 2015 y 2018. Los decomisos de marihuana aumentaron 26 por ciento y los de drogas sintéticas 144 por ciento durante el mismo período, según datos reportados por Clarín.
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En una conferencia de prensa, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, dijo que las cifras son el resultado del uso de "mejores técnicas de investigación" y del despliegue de "fuerzas de seguridad federales más profesionales".
Análisis de InSight Crime
Aunque las autoridades de Argentina afirman que el aumento de las incautaciones de drogas y los arrestos significa que se han obtenido logros en la lucha contra las organizaciones criminales, una revisión de las cifras arroja un panorama que no es tan positivo.
La mayoría de las detenciones incluidas en las estadísticas más recientes se hicieron, al parecer, como parte de la Ley de Estupefacientes de Argentina, que busca penalizar tanto a los grandes narcotraficantes como a los pequeños consumidores.
La ley es tan polémica que será debatida en el Congreso. Sus detractores argumentan que va en contra de una sentencia de la Corte Suprema de 2009, según la cual penalizar la tenencia de drogas para uso personal es inconstitucional, puesto que va en contra de una serie de derechos, incluido el derecho a la privacidad.
Según datos oficiales, las violaciones a las normas sobre drogas son actualmente el segundo crimen más común por el que las personas van a la cárcel en Argentina, y han aumentado a un ritmo mayor que cualquier otro crimen desde que el presidente Mauricio Macri asumió el cargo en 2015.
Durante un discurso ante el Congreso en octubre de 2018, la ministra Bullrich dijo que el 36 por ciento de los arrestos relacionados con drogas en el año 2017 estaban relacionados con consumo personal.
"La mayoría de los casos (que se reflejan en las cifras más recientes) están relacionados con consumo personal, microtráfico y mujeres que son coaccionadas para transportar drogas. Si restamos todos estos casos, la cantidad que realmente se relaciona con las grandes organizaciones narcotraficantes es de alrededor del tres por ciento. Y esos son solo casos que están siendo investigados, todavía no estamos hablando de condenas", puntualizó Mariano Fusero, presidente de Reset, organización dedicada al estudio de las políticas de drogas en Argentina, en comentarios a InSight Crime.
Desde que asumió el cargo en 2015, el presidente Mauricio Macri hizo de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado una prioridad de su administración.
Parece que en años recientes los grupos criminales argentinos se han expandido y han utilizado estrategias más sofisticadas, y que la actual administración ha ejecutado algunas medidas valiosas para llevar a los miembros de algunas grandes organizaciones criminales ante la justicia.
Sin embargo, se ha criticado que dichas medidas se centran demasiado en las organizaciones de menor importancia, incluso en lo que se refiere a las incautaciones.
Una de las mejores maneras de evaluar el impacto real del aumento de las incautaciones de drogas, dada la falta de información sobre el tamaño real de este mercado ilegal, consiste en observar cómo se ve afectada la demanda.
Según datos del más reciente estudio oficial en Argentina, en el año 2017 el consumo de marihuana aumentó en un 150 por ciento, y el consumo de cocaína se duplicó.
"Si hay menos disponibilidad de drogas, hay menos consumo. Si la demanda aumenta es porque ha aumentado la oferta para satisfacer esa demanda”, concluyó Fusero.
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