En Colombia, las autoridades desmantelaron una red de prostitución que explotaba a menores indígenas en el departamento de Amazonas; es la segunda red de trata de personas que se detecta este año en la región.
El 31 de julio, la policía de Colombia detuvo a 13 sospechosos de participar en una red criminal, entre quienes se encuentran tres miembros de las comunidades indígenas locales que reclutaban a niñas y adolescentes indígenas para la prostitución, según un comunicado de la policía.
La red de prostitución operaba en Leticia, capital de Amazonas, ciudad ubicada en la zona de la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil, donde se dice que el grupo usaba mototaxis para rondar por las escuelas en busca de víctimas. Estas eran trasladadas posteriormente a Brasil y Perú y forzadas al trabajo sexual. La policía dice que los traficantes cobraban entre 200.000 y 300.000 pesos colombianos (de US$61 a US$92) por los servicios de prostitución de cada víctima.
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Esta es la segunda red de trata de personas que la policía colombiana desmantela en la zona en el último semestre. En febrero, las autoridades desarticularon una red criminal que reclutaba niñas y adolescentes indígenas en Puerto Nariño, Amazonas, en la frontera con Brasil, y luego las sometían por la fuerza a la explotación sexual y laboral en ciudades cercanas de Perú.
Análisis de InSight Crime
La persecución de menores por parte de redes de prostitución es solo un ejemplo de la creciente vulnerabilidad de las comunidades indígenas de toda Colombia, al ser víctimas fáciles del crimen organizado.
Por lo general, las poblaciones indígenas viven en lugares remotos del país, donde es mínimo el acceso a los servicios del Estado. Una cultura de abandono estatal ha marginado aún más a estas comunidades y las ha dejado expuestas a diferentes amenazas criminales, lo que intensifica su desconfianza hacia las fuerzas de seguridad del Estado.
Además, los grupos armados del país han usurpado una y otra vez la tierra indígena, que muchas veces se asienta en zonas rurales ricas en recursos. En mayo de 2019, por ejemplo, el grupo armado colombiano Águilas Negras declaró objetivo militar a una comunidad indígena del departamento de Nariño, al oeste del país, por la riqueza de sus recursos naturales y lo propicio del clima para los cultivos ilícitos.
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En otros casos, las comunidades indígenas quedan en medio del fuego cruzado por la competencia entre grupos armados por el control de la producción de coca en zonas donde el Estado tiene mínima influencia.
Por otra parte, las capturas en Leticia se dan en medio de una escalada de agresiones hacia los líderes indígenas en todo el país. Entre enero de 2018 y abril de 2019, han sido asesinados 74 líderes indígenas, según cifras del Instituto de Medicina Legal de Colombia.
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