Las autoridades de Guatemala han detenido a 17 personas presuntamente implicadas en una red que robó propiedades a través de la falsificación de documentos, con la ayuda de empleados corruptos del gobierno, destacando la corrupción sistemática y la incapacidad del estado para proteger los derechos básicos de sus ciudadanos.

Funcionarios del Ministerio Público han recibido 1.000 denuncias de robo de bienes vinculadas a la red, desde que comenzaron a operar en 2000, informó Prensa Libre. El juicio ha comenzado para los sospechosos detenidos -entre ellos 14 abogados- pero las autoridades creen que el grupo podría ascender a un total de 47 miembros.

Las autoridades dijeron que la estructura, que operaba principalmente en Ciudad de Guatemala, Sacatepéquez e Izabal, estaba conformada por abogados, testaferros, intermediarios y empleados del sector público.

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La mayoría de las víctimas eran ancianos guatemaltecos que residen en Estados Unidos, informó La Hora. Usando sus conexiones, los miembros de la red consiguieron información sobre los dueños de las propiedades que se encontraban vacías para luego falsificar sus firmas en los contratos de venta que fueron autenticados en notarías por funcionarios públicos corruptos. El grupo utilizó una empresa perteneciente al líder de la red para lavar el dinero obtenido mediante la venta de las propiedades robadas, y que también ha sido conectada con cuatro casos de asesinato.

Uno de los abogados detenidos -Rodolfo Lázaro Padilla- fue el abogado de la defensa para el hijo de un ex presidente de la Corte Suprema investigado por la desaparición de su esposa.

Análisis de InSight Crime

El robo de la propiedad es un problema cada vez mayor en Guatemala, donde se han documentado 1.400 casos este año y el crimen ha sido vinculado con 114 asesinatos. A pesar del establecimiento de un Registro General de la Propiedad en 2011, el país sigue careciendo de controles efectivos para combatir el problema.

La composición de esta red demuestra cómo los empleados corruptos del Estado son esenciales para este tipo de delincuencia y para que los grupos criminales guatemaltecos actúen con impunidad. En otro caso de alto perfil de corrupción oficial a principios de este año, el director de pasaportes del país fue arrestado por cargos de tráfico de personas.

Los arrestos, junto con el desmantelamiento de una red de lavado de dinero a principios de esta semana, son medidas positivas contra este tipo de delincuencia basada en el papel. El hecho de que la red existiera muchos años antes de que fuera desmantelada, debe ser una fuente de preocupación.

La tendencia no se limita a Guatemala -casos similares se han documentado en Colombia, donde varios funcionarios han sido vinculados con el despojo ilegal de títulos de tierras a los campesinos por parte de grupos criminales, en especial en Urabá, Antioquia.

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