Las autoridades de Perú desarticularon un grupo criminal que reunía distintos elementos observados en muchas de las estructuras del crimen organizado en Latinoamérica: firmas privadas de seguridad, prisiones y la presunta participación de personal castrense.
El 1 de marzo, las autoridades peruanas arrestaron a 11 miembros de la estructura criminal denominada "Los Cobras de La Esperanza" en la provincia de Trujillo, informó La República. Los sospechosos están acusados de perpetrar diversas actividades ilegales, entre ellas extorsión, sicariato, narcotráfico, robo de autos y transacciones ilícitas con tierras.
La estructura estaba dirigida por tres hermanos, incluyendo uno que actuó desde la cárcel hasta su liberación dos meses antes del operativo policial. Se cree que el grupo tiene 15 años de operaciones, en los cuales ha recogido ganancias cercanas a los US$450.000 por año.
Las autoridades mencionaron que los hermanos habían creado una firma privada de seguridad como empresa fachada para su esquema de extorsión, informó El Comercio. La firma atraía clientes a quienes obligaba luego a pagar extorsiones, independientemente de que la empresa fachada les prestara algún servicio.
Entre los presuntos miembros del grupo había un soldado, a quien se acusa de proveer las armas que necesitaban para sus diferentes empresas criminales.
Análisis de InSight Crime
Los detalles de cómo actuaba la estructura desarticulada son conocidos por los analistas del crimen en Latinoamérica.
Ha habido un creciente escrutinio de cómo el floreciente sector de la seguridad privada en la región puede promover el crimen organizado. En Rio de Janeiro, por ejemplo, las autoridades creen que el 30 por ciento de las armas adquiridas por las firmas de seguridad privada se canalizan posteriormente a grupos criminales. Y estas firmas han sido usadas como empresas fachada de redes criminales en países como Honduras.
Las denuncias de que un cabecilla de la estructura peruana manejaba el esquema extorsivo desde el encierro es otro tema recurrente. Como lo mostró InSight Crime en su investigación más reciente, las prisiones de toda la región se han convertido en incubadoras, en lugar de disuasoras, de la actividad delincuencial.
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La presunta participación de un miembro de las fuerzas armadas en la red criminal también trae a la memoria de los numerosos casos en toda la región donde ha habido personal militar activo o en retiro que suministra armas al crimen organizado.
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