Colombia está desarrollando un marco legal para facilitar la rendición y la judicialización de los grupos criminales, buscando evitar repetir los errores cometidos cuando la organización narcotraficante ERPAC se sometió a la justicia tres años atrás.
En una entrevista con El Espectador, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo discutió una propuesta para crear herramientas legales que permitan al Estado lidiar con las organizaciones criminales, incluyendo a los grupos paramilitares de nueva generación como el ERPAC, los cuales son conocidos colectivamente como las BACRIM (acrónimo para “bandas criminales”).
Con la propuesta reforma, si la Fiscalía General de la República aceptara la propuesta de sometimiento a la justicia de una organización criminal, la entidad designaría a una delegación para negociar los términos del acuerdo. Una vez la organización se haya sometido a la justicia, sus miembros podrían ser juzgados como un grupo, en lugar de individualmente.
Perdomo afirmó que la propuesta también estaba destinada a abordar la posibilidad de que algunos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pudieran formar organizaciones criminales en el caso de una eventual desmovilización de la guerrilla en el marco del proceso de paz con el gobierno –las dos partes actualmente están sosteniendo conversaciones de paz en Cuba. El funcionario afirmó que el gobierno estima que entre el 10 al 20 por ciento de la guerrilla de las FARC podría continuar ejerciendo actividades criminales tras la firma de un acuerdo de paz.
Análisis de InSight Crime
Según Perdomo, la nueva propuesta es una respuesta a los problemas que ocurrieron cuando los miembros del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC) se sometieron a la justicia en 2011. A pesar de que 270 miembros del ERPAC intentaron entregarse, pocos permanecen en prisión porque la Fiscalía General de la República no tiene las herramientas necesarias pare acusarlos colectivamente, explicó. La mayoría de los miembros del ERPAC fueron liberados inmediatamente porque no había una orden de arresto o un caso en su contra, y bajo la ley actual, una confesión no es suficiente para justificar una acusación.
Perdomo dijo que en el caso de las principales BACRIM como los Urabeños, la Fiscalía General de la República está más interesada en que al menos cinco operarios clave se entreguen, en lugar de 2.000 miembros de la organización.
Esto podría estar ignorando algunas lecciones de la historia de Colombia –en el caso de los paramilitares de las AUC, que se desmovilizaron a mediados de la primera década del siglo XXI, varios altos comandantes se entregaron junto a miles de presuntos combatientes, pero fueron los comandantes de los mandos medios quienes no entregaron sus armas y formaron las BACRIM.
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El gobierno es prudente al prepararse frente a la probabilidad de que algunos combatientes de las FARC formen organizaciones criminales si se alcanza un acuerdo de paz. Como InSight Crime ha argumentado, es muy probable que los elementos de las FARC continúen participando en el comercio de drogas y en otras actividades ilícitas, como fue el caso de los combatientes paramilitares que formaron las BACRIM, luego de su desmovilización.
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