Reforma sobre la marihuana progresa en Uruguay, pero retos se mantienen

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Casi dos años después de haber aprobado la ley que legaliza el cultivo y la venta de la marihuana, el gobierno uruguayo afirma que el país está casi listo para comenzar con la comercialización. El progreso se ha ralentizado por problemas políticos y regulatorios, pero aun así puede servir como modelo para otros países latinoamericanos que busquen una reforma en su política de drogas.

En una reciente entrevista con AFP, el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Milton Romani, manifestó que aunque el gobierno aún debe afinar el software para el registro de las ventas realizadas por las farmacias y determinar cuáles serán las compañías distribuidoras, la producción de marihuana está casi lista. Según Romani, las regulaciones permitirán la producción y venta de entre seis y diez toneladas de marihuana anuales.

A principios de octubre, las autoridades uruguayas anunciaron que habían seleccionado dos compañías para el cultivo de marihuana que sería comercializada en farmacias. A cada compañía se le permitirá cultivar un máximo de dos toneladas, y las autoridades señalaron que el precio de la droga será similar al registrado en el mercado negro, de US$1,20 por gramo, aproximadamente.

Análisis de InSight Crime

Uruguay es pionero en las estrategias para la legalización de la droga en Latinoamérica, y los últimos acontecimientos son pasos más avanzados hacia la implementación real de la reforma a la marihuana. Sin embargo, varios obstáculos políticos y logísticos han ralentizado este proceso.

El presidente Tabaré Vázquez, quien tomó posesión de su cargo nuevamente en 2014 luego de su periodo presidencial de 2005 a 2010, adoptó un enfoque cauteloso en la implementación de la legislación para la marihuana. Mientras se encontraba en campaña, Vázquez asumió una posición más conservadora sobre la legalización que la de su predecesor José Mujica, quien impulsó la ley. En marzo de 2015, el gobierno suspendió temporalmente el proceso de comercialización señalando que querían asegurarse de que se estuviera implementando la ley de manera correcta. Por otra parte, el público uruguayo continúa oponiéndose en su mayoría opuesto a la legalización de la marihuana.

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Un informe reciente de El Daily Post detalló el complejo proceso regulatorio que ha contribuido a la lentitud en la implementación de la ley. La regulación de las ventas en las farmacias implica el registro y el monitoreo de productores, procesadores, distribuidores y usuarios. Esto requiere un control profundo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis de Uruguay, una entidad creada luego de la aprobación de la ley en 2013.

El enfoque cauteloso y meticuloso del gobierno uruguayo sobre la comercialización de la hierba puede resultar ser útil en el largo plazo, aunque genere escepticismo y frustración en el presente. Si la ley es considerada eventualmente como un éxito, puede sentar un precedente para otros países de la región que buscan una reforma en su política de drogas

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