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Reforma policial es prioridad del nuevo presidente de República Dominicana

CARIBE / 19 AGO 2020 POR PARKER ASMANN ES

El nuevo presidente de la República Dominicana ha establecido la reforma policial como su principal prioridad de seguridad, lo que constituye el más reciente intento de luchar contra la corrupción oficial que por mucho tiempo ha facilitado el paso de cargamentos de drogas internacionales por el país.

Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, se convirtió oficialmente en presidente de la nación caribeña el 16 de agosto y de inmediato proclamó que la reforma policial sería una prioridad de su administración.

Al día siguiente de su posesión, Abinader nombró a Edward Sánchez González como nuevo jefe de la Policía Nacional. Sánchez González se desempeñó anteriormente como director de la escuela de formación policial del país y es un experimentado investigador criminal, según informes de medios locales.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre la República Dominicana

“Emprenderemos una reforma integral de la Policía Nacional que promueva cambios en la cultura institucional, impulse la profesionalización y tecnificación del servicio, mejore las condiciones laborales de nuestros agentes y dé una mayor eficacia de los servicios policiales”, dijo Abinader el 16 de agosto, como lo registró El Nacional.

Abinader agregó que su gobierno ya no tolerará la corrupción.

“Quiero ser muy claro, preciso, y contundente. En el gobierno que iniciamos hoy, no se permitirá, bajo ningún concepto, que la corrupción del pasado quede impune”, afirmó el presidente.

Análisis de InSight Crime

Una reforma de la institución policial de la República Dominicana sería conveniente para el país, donde la corrupción en las fuerzas de seguridad ha obstaculizado durante mucho tiempo la lucha contra los grupos del crimen organizado.

El año pasado, el Barómetro Mundial de Corrupción para América Latina y el Caribe 2019, de Transparencia Internacional, halló que la policía era una de las instituciones más corruptas de la región. En la República Dominicana, el 47 por ciento de las personas que tuvieron contacto con la policía en el último año tuvieron que pagar algún soborno. Solo México y Venezuela, cuyas fuerzas de seguridad han sido especialmente abusivas y corruptas, registraron tasas más altas de sobornos.

Además, un informe sobre la República Dominicana publicado en 2019 por el Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana (Latin American Public Opinion Project, LAPOP) señala que casi el 62 por ciento de los dominicanos siente que la policía ha estado involucrada en actividades delictivas, casi el doble del porcentaje de personas (32.2 por ciento) que consideran que la policía protege a la población.

Además, Transparencia Internacional registra que el 72 por ciento de los ciudadanos siente que el gobierno no está realizando una buena labor en la lucha contra la corrupción, mientras que el 66 por ciento de la gente piensa que la corrupción ha empeorado en los últimos 12 meses.

VEA TAMBIÉN: Capo de República Dominicana en la mira de las autoridades

Por su parte, los grupos del crimen organizado han aprovechado la oportunidad de utilizar a la policía corrupta a su favor.

Recientemente, el grupo narcotraficante liderado por César Emilio Peralta, alias “El Abusador”, quien se encuentra en prisión y es conocido como “el rey de la cocaína” de la República Dominicana, utilizó policías corruptos que le ayudaron a custodiar la cocaína que llevaba de Santo Domingo hacia Estados Unidos y Europa.

Años antes, en 2015, un fiscal de alto nivel del país afirmó que la policía y otras fuerzas de seguridad corruptas estaban involucradas en el 90 por ciento de los casos de crimen organizado, incluyendo el tráfico de drogas a gran escala y el sicariato.

Abinader no es el primer presidente dominicano que emprende una reforma de la policía nacional —la institución fue sometida a reformas en 2016 y ya antes había tenido otras—, pero falta ver si estas promesas de inicio de su administración se traducirán en una institución que en realidad esté preparada para controlar la actividad del crimen organizado.

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