Perú ha reformado sus leyes relativas a la delincuencia organizada en un contexto de creciente preocupación pública por el tema. Sin embargo, no está claro si los cambios tendrán un impacto sustancial en los grupos delictivos que operan en el país.
En un decreto legislativo publicado el pasado 29 de octubre, el gobierno peruano estableció nuevas penas para los condenados por pertenecer a grupos delictivos.
"El que promueva, organice, constituya o integre una organización criminal de tres o más personas" enfrentará una pena mínima de ocho años y una máxima de quince años de prisión, según el decreto.
Se aplicarán penas de prisión de quince a veinte años a miembros de alto rango y financiadores de organizaciones criminales, o cuando la persona condenada haya causado "la muerte de una persona o lesiones físicas o mentales graves".
La reforma también diferencia entre las organizaciones criminales de tres o más personas y las "bandas criminales" compuestas de dos o más personas. Los miembros de bandas criminales enfrentarán penas de entre cuatro y ocho años bajo la nueva ley.
Otro cambio notable es que los condenados por ciertos crímenes —incluyendo homicidios, asesinatos a sueldo (o conspiración y ofrecimiento del delito de sicariato), tráfico de drogas, extorsión y lavado de dinero— no recibirán beneficios judiciales como reducciones de sentencias y libertad condicional.
Análisis de InSight Crime
El decreto surge en un contexto de creciente preocupación por el crimen organizado en Perú. La seguridad ciudadana jugó un papel clave en las elecciones presidenciales celebradas a principios de este año, debido a que las encuestas mostraron que los ciudadanos peruanos consideraban la inseguridad como el problema más acuciante en su país. Y otras encuestas recientes muestran que más del 80 por ciento de los peruanos creen que el crimen organizado se ha infiltrado en su gobierno.
A la luz de esto, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha puesto el crimen y la seguridad en el centro de la agenda durante los primeros meses de su presidencia. Su gobierno ha remilitarizado la lucha contra el narcotráfico en la principal región productora de coca del país y ha prometido implementar nuevas medidas contra la corrupción, incluida una comisión anticorrupción creada el mes pasado.
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Sin embargo, no está claro si las nuevas penas, más duras, para los condenados por pertenecer a grupos delictivos permitirán a Perú resolver los problemas relacionados con el crimen organizado. Hay un debate importante entre los expertos sobre el efecto disuasivo de las penas más duras; Algunas investigaciones sugieren que las penas más estrictas sólo disuaden al crimen si los posibles criminales creen que existe alta certeza de que realmente enfrentarán el castigo (pdf). En Perú, donde un ex presidente ha sido acusado de permitir que los narcotraficantes paguen por indultos, la corrupción generalizada podría reducir el efecto disuasivo de los nuevos y más estrictos lineamientos para dictar sentencias.
Además, como señaló anteriormente InSight Crime, las cárceles peruanas están plagadas de corrupción, lo que las convierte, en algunos aspectos, en centros de operación ideales para los grupos criminales. Por lo tanto, mantener a los criminales encerrados durante períodos más largos puede hacer poco para reducir la delincuencia y podría alentar su expansión. Mejorar las capacidades de investigación de la policía y erradicar la corrupción en el sistema judicial podría en última instancia tener un impacto mayor en el crimen organizado que el simple endurecimiento de las penas de prisión.
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