El gobierno de Argentina busca reformas a la ley de drogas que apuntan a la pasta base de cocaína en las que se combinen medidas duras contra los vendedores y tratamiento para los usuarios, pero puede ser difícil para las autoridades hallar el balance justo entre esas dos estrategias.
En la última sesión del Congreso en 2016, el gobierno argentino discutió planes para modificar las leyes antinarcóticos del país, añadiendo provisiones relacionadas específicamente con el "paco", nombre dado en Argentina a la pasta fumable que es una etapa intermedia en el procesamiento de la cocaína.
De aprobarse, la reforma propuesta aumentaría las penas a la producción, el tráfico y el suministro de paco de cuatro y cinco años a seis u ocho años.
Además, quienes suministren la droga gratis pueden enfrentar sentencias de cuatro a quince años, a no ser que la "entrega, suministro o facilitación fuera ocasional y a título gratuito y por escasa cantidad", en cuyo caso la pena de prisión iría de uno a cuatro años, informó El Liberal.
Los usuarios que no tengan sentencias previas por drogas, sin embargo, no pagarán penas de cárcel, sino que quedarán sujetos a órdenes judiciales que los obliguen a asistir a rehabilitación.
"Las modificaciones propuestas se basan en la profunda adicción que provoca esta sustancia y el rápido y enorme deterioro biológico y emocional que causa en sus consumidores”, establece la propuesta presentada al Congreso, informó La Nación.
Según el documento, el consumo de paco ha aumentado en 200 por ciento en los últimos años, para llegar a un consumo diario de 400.000 dosis de paco entre los argentinos, equivalente a un valor del narcomenudeo cercano a los US$190 millones anuales.
Análisis de InSight Crime
El alza en el uso generalizado de pasta de cocaína barata y muy adictiva, conocida en la región por diversos nombres, como "bazuco" en Colombia u "oxi" en Brasil, es tal vez el mayor desafío que Latinoamérica enfrenta actualmente en el consumo de drogas.
Sin embargo, hay poca evidencia que indique que medidas específicas contra la droga, consistentes en la introducción de penas más altas, tengan un impacto en el mercado. Las cárceles de toda Latinoamérica están llenas a reventar de personas que han tenido problemas con leyes duras contra las drogas, y aun así el consumo sigue en aumento en gran parte de la región.
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Culpar a la pasta de cocaína en comparación con otras drogas también puede resultar problemático. Las medidas para introducir penas más duras sobre el crack que sobre la cocaína en polvo en Estados Unidos, por ejemplo, terminaron atacando de manera desproporcionada a comunidades más pobres, donde es más común el crack que el polvo, más costoso. En Latinoamérica, suele haber una división similar, pues el uso de pasta de cocaína se relaciona mayormente con zonas deprimidas y grupos sociales desatendidos.
Diferenciar entre usuarios y vendedores, entre tanto, puede considerarse parte de un cambio de paradigma gradual en la región que tiende a la ayuda antes que a la criminalización de los consumidores de estupefacientes. Sin embargo, esto también podría acarrear problemas. Hasta el momento, muchos países han encontrado dificultades para trazar una línea entre criminales y adictos y muchas veces esos esfuerzos terminan con diferenciaciones arbitrarias, aunque los expertos cuestionan la eficacia y la ética de los programas de rehabilitación por la fuerza.
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