Colombia ha lanzado un nuevo plan para atacar la minería ilegal mediante el control de la compra y venta de minerales; dicho plan fue anunciado en medio de un reciente escándalo de exportación ilegal de oro por miles de millones de dólares que indica la magnitud de la tarea a la que las autoridades se enfrentan.
La Agencia Nacional de Minería (ANM) de Colombia ha puesto en marcha una nueva política, según la cual todas las personas y empresas que deseen comercializar minerales de manera legal deben inscribirse en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom) de este organismo (pdf).
Desde el año pasado, los dueños de concesiones mineras han sido obligados a registrarse. Incluyendo inicialmente a los comerciantes de minerales, las autoridades colombianas que luchan contra la minería ilegal esperan aumentar su capacidad para rastrear el oro ilegal en cuanto entra al mercado legal, en lugar de hacerlo solo en los lugares de extracción.
La directora de la ANM, Natalia Gutiérrez, dijo a El Tiempo que la nueva medida está dirigida a la industria ilegal de oro, y que cualquier comerciante de oro que no esté en la lista no podrá comprar ni vender oro y corre el riesgo de ser investigado por la policía y de que su mercancía sea decomisada.
Análisis de InSight Crime
El reciente escándalo de Goldex, en el que uno de los exportadores de oro más grandes de Colombia fue acusado de utilizar ventas de oro para lavar más de mil millones de dólares, es una clara demostración de la urgencia de endurecer las restricciones a las ventas de oro por empresas legalmente constituidas.
Antes solía haber poca supervisión de este punto de contacto entre operaciones mineras ilegales y exportadores y comerciantes de oro legales, lo cual ha sido un factor decisivo en facilitar el crecimiento desenfrenado de la minería ilegal de oro en Colombia en los últimos años.
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Sin embargo, el caso Goldex ilustra también el tamaño de la tarea que enfrentan las autoridades que tratan de frenar una industria multimillonaria cuyos tentáculos se extienden por todas partes, desde las guerrillas marxistas hasta los mercados mundiales de materias primas. Según cifras de la ANM, hasta el 83 por ciento del oro y la plata producidos en Colombia proviene de minas ilegales o informales, y probablemente se requerirá más que un registro para inclinar la balanza hacia la legalidad.
Si este es el objetivo, Colombia debe tomar medidas no sólo contra las operaciones mineras criminales, sino también para atraer a los mineros informales a la economía formal. El gobierno ha puesto en marcha programas de formalización en el pasado, pero los mineros dicen que estos han fracasado sistemáticamente en dar suficientes resultados.
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