‘Reina del Pacífico’ de México vuelve a ser arrestada tras liberación en Estados Unidos

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La narcotraficante Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la “Reina del Pacífico” de México, enfrentará ahora cargos de lavado de dinero en México, tras su rápida liberación de una cárcel en Estados Unidos, aliviando los temores de que quedaría libre luego de haber cumplido sólo una sentencia mínima.

Ávila fue deportada a Ciudad de México desde una prisión de Texas el 20 de agosto, y rápidamente fue recluida en una prisión federal en el estado de Nayarit, a la espera de un proceso por cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que fueron suspendidos cuando fue extraditada a Estados Unidos, informó El Universal.

Ávila, arrestada en México en 2007, fue extraditada a Estados Unidos en 2012 después de una serie de reveses legales. Fue liberada al recibir una sentencia leve de 70 meses, después de llegar a un acuerdo con las autoridades, mientras que el tiempo que ya había servido en México se contó a su favor.

La célebre traficante enfrentó cargos durante el gobierno anterior, por canalizar dinero ilícito hacia dos fondos de seguros de vida, cada uno con un valor de más de US$300.000, informó El Diario.

Análisis de InSight Crime

Las conexiones criminales de Ávila comenzaron desde su nacimiento -su tío, Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Padrino”, fue uno de los primeros grandes narcotraficantes de México-. Al principio de su carrera criminal, ella sirvió como enlace entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel del Norte del Valle de Colombia. Utilizó las relaciones amorosas para ganar protagonismo en el hampa de México y, lo que la hizo más famosa, fue su relaoón con el convicto narcotraficante colombiano Juan Diego Espinoza Ramírez, alias “El Tigre”, con el que fue acusado de conspirar para traficar nueve toneladas de cocaína en 2007.

El acuerdo al que llegó con las autoridades estadounidenses, pareció cerrar un proceso legal tortuoso y controversial. Ella fue absuelta de los cargos de narcotráfico en 2010 -un veredicto ratificado por un juez, que luego fue investigado por vínculos con el crimen organizado– y su extradición fue inicialmente bloqueada en 2011.

Al revivir los antiguos cargos, puede ser que el gobierno mexicano esté tratando de desafiar la percepción de que el sistema judicial del país es incapaz de procesar a importantes figuras del mundo criminal -una percepción que ha alimentado la creciente dependencia en la extradición, que también en este caso, sólo condujo a una pena leve-.

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