Una reciente investigación ha relacionado al presidente del Congreso de Honduras con uno de los principales carteles de la droga, lo que vuelve a poner en evidencia las conexiones de los altos funcionarios del país con los criminales.
El informe, publicado por la revista centroamericana Expediente Público, señala que el presidente del Congreso, Mauricio Oliva Herrera, le compró una serie de propiedades en Tegucigalpa a un socio comercial de Inversiones Acrópolis, empresa vinculada a Los Cachiros, una conocida familia narcotraficante de Honduras.
El socio, Luis Alfonso Deras, presuntamente le transfirió un apartamento a Oliva Herrera en 2016 por 4 millones de lempiras (US$200.000), según un contrato notarizado por el exabogado de Los Cachiros, el director de Inversiones Acrópolis, Francisco Arturo Mejía, actualmente en prisión por cargos de lavado de activos.
En 2018, Oliva Herrera, junto con su esposa y su hija, le compró dos condominios a Alfonso Deras, por un total de 20,9 millones de lempiras (US$836,000), según los documentos compilados en la investigación de Expediente Público.
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Más de una década antes, en 2006, Alfonso Deras le había transferido otra casa a una funcionaria hondureña, quien más tarde regaló la propiedad a su hermano, César Antonio Pinto, yerno de Oliva Herrera.
Según el informe, en 2018 el presidente del Congreso puso sus bienes en un fideicomiso, de nuevo con su esposa e hija, con el fin de encubrir las adquisiciones y preservarlas de posibles embargos.
Oliva Herrera, posible candidato por el Partido Nacional (PN) en las próximas elecciones de 2021, además asistió, en 2014, a la fiesta de cumpleaños de la hija de un prominente narcotraficante, según una investigación del Ministerio Público de Honduras mencionada en la revista.
Análisis de InSight Crime
Estas nuevas denuncias agregan otro operador político hondureño a la ya larga lista de funcionarios del Partido Nacional con presuntos vínculos con la corrupción y el crimen.
Y en este caso, las acusaciones generan el temor de que la bien documentada relación del PN con el crimen organizado podría continuar si Oliva reemplaza a Juan Orlando Hernández como presidente en 2022.
Hasta ahora, el presidente del Congreso no ha sido implicado en la serie de escándalos de narcotráfico que han afectado al Partido Nacional y al presidente Hernández y a su familia.
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Sin embargo, la hoja de vida de Oliva Herrera no está precisamente limpia. A principios de 2018, fue investigado por la Comisión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), por su presunta participación en un plan de malversación de fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales.
Oliva Herrera logró detener el caso apelando ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual falló a su favor y suspendió todas las investigaciones en su contra ese mismo año.
Oliva Herrera, firme opositor de la MACCIH, supuestamente hizo parte de un equipo que presentó un acuerdo que impedía la continuidad de las relaciones entre el gobierno hondureño y los defensores internacionales de la comisión, lo que, según un diplomático que conoció las negociaciones, finalmente codujo al cierre de la MACCIH a principios de 2020.
Los supuestos vínculos de Oliva Herrera con narcotraficantes, revelados por Expediente Público, lo ubican en la misma banca de su antiguo aliado, el presidente Juan Orlando Hernández, quien ha enfrentado constantes acusaciones de las autoridades estadounidenses por su presunta participación en el comercio de narcóticos, aunque no ha sido acusado formalmente.
Otros prominentes miembros del Partido Nacional también han sido vinculados a carteles de la droga, entre ellos el predecesor de Hernández, Porfirio “Pepe” Lobo, acusado de desviar fondos del gobierno hacia negocios comerciales fraudulentos con una empresa constructora perteneciente a Los Cachiros.
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