Las autoridades de Colombia han detenido a siete funcionarios acusados ??de vender información privada de las víctimas del conflicto armado, demostrando cómo la corrupción obstaculiza los esfuerzos de restitución en el país y cómo los intereses criminales ponen en riesgo la vida de las víctimas.
El grupo es acusado de acceder a información de personas desplazadas, reclamantes de restitución de tierras y de otras víctimas, para luego venderla al mejor postor, informó El Espectador.
Fuentes judiciales dijeron al periódico El Colombiano que la red utilizaba la información de varias maneras, incluyendo añadir víctimas falsas a las bases de datos, robar la identificación de las víctimas para cometer fraudes, acelerar pagos de compensación para determinadas personas, e identificar a aquellas victimas que habían reportado crímenes.
Todos los arrestos tomaron lugar en el noroeste departamento de Antioquia, incluyendo los de varios funcionarios de la Unidad para la Atención Integrada y Reparación de las Víctimas, un funcionario de la Alcaldía de Medellín, y un personero del pueblo de Chigorodó.
Análisis de InSight Crime
Desde que el gobierno aprobó una "Ley de Víctimas" en 2011, Colombia ha estado poniendo en marcha un ambicioso plan de restitución de tierras y compensación de víctimas (pdf). Según los críticos, el proceso ha sido lento y ha logrado poco, y el tipo de corrupción destapada en este caso probablemente ha contribuido con la falta de resultados.
El hecho de que el grupo haya añadido víctimas falsas a las bases de datos podría deteriorar gravemente el apoyo a los esfuerzos de restitución. Cuando se han descubierto víctimas falsas, la oposición ha utilizado los casos para intentar socavar todo el proceso, pidiendo al Estado que aumente la carga sobre los demandantes para que demuestren que son víctimas "reales" –lo que es casi imposible para muchos de ellos.
Pero todavía más grave es la venta de información, como lo es la referente a la identidad de las personas que reportaron crímenes -presumiblemente a los grupos armados. Desde que comenzó el proceso de restitución, los activistas se han enfrentado a amenazas y violencia por parte de las organizaciones criminales descendientes de los grupos paramilitares -que estuvieron detrás de la mayor parte del robo de tierras, la violencia y los abusos. Desde que la ley entró en vigor, han sido asesinados hasta 50 reclamantes, y al menos 500 recibieron amenazas de muerte sólo en 2013, según un informe de Al Jazeera.
Los efectos de este tipo de corrupción sobre el proceso son fáciles de ver. En 2012 InSight Crime visitó la región alrededor de Chigorodó, donde una campaña de restitución de tierras se había enfrentado a las amenazas y violencia de los grupos sucesores de los paramilitares. Una queja central de las comunidades era que no podían acudir al Estado, pues tan pronto reportaban actividades criminales la información era transmitida directamente a los grupos que los amenazaban.
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