Las elecciones del Congreso de Colombia vieron a 69 candidatos con presuntos vínculos con grupos ilegales lograr cupos, demostrando cómo los grupos criminales y armados siguen teniendo influencia en el sistema político del país años después de que se desatara el escándalo de la "parapolítica".
De una lista de los 131 candidatos cuestionados por tener vínculos criminales, elaborada por el grupo de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, 33 fueron elegidos para el Senado y 36 para la Cámara de Representantes. Dos de los candidatos, ambos pertenecientes al partido de La U del presidente Juan Manuel Santos, ocuparon el tercer y el cuarto lugar en cantidad de votos en el país, informó Caracol.
Los 69 candidatos han sido o investigados por tener vínculos directos con grupos criminales, o están conectados a expolíticos acusados ??o condenados por "parapolítica " –tener vínculos con grupos paramilitares. Dos candidatos -José Alfredo Gnecco Zuleta (pdf) y Antenor Durán- habrían sido apoyados por Juan Francisco "Kiko" Gómez Cerchar, el exgobernador del departamento de la Guajira, quien fue detenido el año pasado por múltiples homicidios y por tener vínculos con los grupos sucesores de los paramilitares, conocidos como las BACRIM (Bandas Criminales).
Han sido objeto de investigaciones preliminares por parte de la Corte Suprema de Justicia por tener vínculos con los paramilitares 35 de los candidatos, de los cuales 26 fueron elegidos, informó Verdad Abierta.
El expresidente colombiano, Álvaro Uribe, quien ha sido acusado en numerosas ocasiones de colaborar con grupos paramilitares y narcotraficantes, también ganó un escaño en el Senado, y vio a su nuevo partido lograr varios cupos en el Senado y en la Cámara de Representantes.
Análisis de InSight Crime
Los resultados de las elecciones son un recordatorio de que la influencia de los grupos criminales y armados persiste en la política colombiana, años después de la desmovilización oficial de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar sombrilla. Las AUC afirmaban tener dominio sobre un tercio del Congreso y su influencia presuntamente llegó hasta el despacho del presidente. Más de 50 políticos han sido condenados por tener complicidad con las AUC, más de cien han sido investigados, y cerca de mil políticos han sido acusados de complicidad por los paramilitares desmovilizados. Como se ilustra en las últimas elecciones, algunas de estas redes de corrupción persisten en la actualidad.
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Los descendientes neoparamilitares de estos grupos, las BACRIM, no tienen la misma capacidad de infiltración política a nivel nacional. Sin embargo, como los últimos resultados señalan, con la elección de dos candidatos vinculados a un gobernador encarcelado por tener nexos con las BACRIM, estos grupos sí conservan la capacidad de influenciar la política a nivel local.
El alcance de la continua influencia que tienen los grupos armados y criminales, se demostró en el periodo previo a las elecciones, cuando la Misión de Observación Electoral (MOE) registró 260 municipios en riesgo por factores indicativos de fraude electoral y de violencia. La Defensoría del Pueblo en Colombia recibió más de 5.000 denuncias de amenazas contra los votantes en los 10 días previos a las elecciones, por parte de grupos criminales y de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Mientras tanto, el éxito de Uribe podría significar malas noticias para el actual proceso de paz con las FARC. Uribe es el crítico más feroz del proceso, y ahora lo atacará desde una posición de líderazgo de una fuerte oposición, mientras que la coalición pro-paz del presidente Santos ha sido severamente debilitada.
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