El gobierno de Colombia ha pedido más tiempo para cumplir con sus compromisos de eliminar las minas antipersonal, mientras que el número de personas muertas o heridas por este tipo de minas aumentó un 56 por ciento el año pasado, lo que indica que la pesadilla de las minas antipersonal en el país suramericano está lejos de llegar a su fin.
El 15 de enero, el gobierno colombiano anunció que solicitaría una prórroga para su compromiso de retirar la totalidad de las minas antipersonal en el país, según lo acordado en el Tratado de Ottawa, declaró el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en una conferencia de prensa.
Según Ceballos, el gobierno del presidente Iván Duque ha desminado 113 municipios como parte de la implementación del acuerdo de paz de 2016 con las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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Pero aunque las iniciativas de desminado prosiguen, la cantidad de víctimas va en ascenso. En 2019, el número de víctimas fatales o heridas por minas antipersonal en Colombia se elevó a 344, más que las 220 registradas en 2018, según información de El Espectador, con datos de la Cruz Roja. Los departamentos de Arauca, Antioquia, Norte de Santander, Chocó y Nariño fueron los más afectados, con 108 víctimas solo en Norte de Santander.
Y según nuevas cifras del Monitor de Minas Antipersonal y Bombas de Fragmentación (Landmine and Cluster Munition Monitor) citadas por El País, "de los 290.000 metros cuadrados […] que se identificaron como plantados de minas antipersonal en 2018, alrededor del 20 por ciento tiene una nueva proliferación, hallada principalmente en el departamento del Cauca”.
Análisis de InSight Crime
Los esfuerzos de desminado han tenido escasos resultados en Colombia durante los dos últimos años. Pero ahora existe la preocupación real de que la desatención del gobierno a las minas esté llevando a los grupos armados a retomar su fabricación y uso.
En mayo de 2019, por ejemplo, se halló un escondite con 563 minas antipersonal en Riosucio, Antioquia, listas para ser usadas por Los Urabeños.
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El alto saldo de víctimas en Norte de Santander durante 2019 es sin duda resultado del uso de minas en medio de una encarnizada guerra territorial entre el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En 2006, Colombia firmó el Tratado de Ottawa, mediante el cual se comprometía a limpiar todo el país de minas en 2021, y ahora ha solicitado una ampliación de ese plazo hasta 2025. Sin embargo, a noviembre de 2019 solo se había despejado las minas en 391 municipios, o apenas el 55 por ciento de los 713 municipios afectados, según delegados colombianos en la 4ª Conferencia de Revisión del Tratado de Ottawa.
No parece que cuatro años más sea suficiente para que las autoridades colombianas logren erradicar las minas de todos los municipios afectados. Y lo que es peor, en un momento en que se requiere veeduría internacional para garantizar que Colombia mantenga sus compromisos de desminado, Estados Unidos se está echando para atrás en sus propias restricciones a la producción y el uso de minas antipersonal.
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