La actual ofensiva de las fuerzas de seguridad colombianas contra Los Gaitanistas ha resultado en la incautación de una serie de grandes cargamentos de drogas, lo cual ha generado tensiones al interior del grupo y ha afectado fuertemente sus finanzas, factores que aumentan la posibilidad de que se presenten hechos violentos en el futuro.
El 6 de julio, la policía de Colombia anunció la incautación de tres toneladas de cocaína que Los Gaitanistas, también conocidos como Clan del Golfo, Urabeños y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), tenían reunidas en una zona cerca de la frontera con Panamá, informó El Colombiano.
La cocaína incautada —con un valor estimado de US$76 millones— proviene de cargamentos de varios grupos narcotraficantes colombianos que les pagaban a las AGC para transportarla hacia Centroamérica. Según la policía, desde allí los carteles mexicanos debían llevar la droga a Estados Unidos (donde su valor podía alcanzar hasta US$100 millones).
Se cree que los líderes de las AGC Roberto Vargas Gutiérrez, alias “Gavilán”, y Carlos Alberto Moreno Tuberquia, alias “Nicolás” (ambos acusados recientemente por Estados Unidos), estaban encargados de coordinar el envío de los cargamentos.
Ésta sería la segunda incautación más grande de cocaína desde que el gobierno desplegó su ofensiva contra las AGC hace cinco meses. Hasta el momento se ha confiscado un total de 13 toneladas de drogas, lo cual le ha generado al grupo pérdidas cercanas a los US$330 millones.
Como resultado, una fuente anónima del gobierno afirmó que el grupo está “desesperado por plata” [dinero]. Según un informe de inteligencia citado por El Colombiano, las AGC no les han pagado a sus miembros desde el mes de febrero, incluyendo a sus colaboradores en la región de Urabá y en la zona metropolitana de Medellín, conocida como el Valle de Aburrá, así como tampoco a sus socios en Panamá y Honduras.
Análisis de InSight Crime
Si es cierto que los operativos recientes contra la red de drogas de las AGC han tenido los fuertes efectos sobre las finanzas del grupo que las autoridades colombianas afirman, esto podría llevar a que se presente violencia en el futuro, particularmente en aquellas áreas donde la organización mantiene una presencia importante —tal vez una de las más afectadas sea Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia—.
Tras expandirse a Medellín, las AGC firmaron un cese el fuego con la Oficina de Envigado en 2013. El acuerdo de cooperación entre los dos grupos criminales —por medio del cual la Oficina de Envigado controlaba el lavado de activos, el microtráfico y las extorsiones en Medellín, y las AGC se encargaban del tráfico de drogas a gran escala— generó una caída dramática en los niveles de violencia en la ciudad.
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Sin embargo, la tregua en Medellín es frágil. Si las AGC realmente no tienen la capacidad de pagar a sus socios en la ciudad —como a las oficinas de cobro que subcontratan—, esto podría llevar al final de la paz, y eventualmente otras organizaciones criminales podrían reorganizarse para llenar los vacíos dejados por las AGC. Esta posibilidad se ve exacerbada por la presión del gobierno, que ha llevado a la captura de algunos de los líderes más importantes del grupo.
Además de estos informes que sugieren que las AGC están siendo fuertemente golpeados donde más les duele (en sus finanzas), también hay otras señales de que las autoridades colombianas han intensificado sus labores en contra de la organización criminal. El Tiempo informó que la policía incautó las tres toneladas de cocaína tras recibir un aviso de un informante. Esto indica que las AGC están teniendo problemas para impedir que sus colaboradores suministren al gobierno información importante sobre sus actividades.
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