En un increíble giro de los acontecimientos, el expediente del homicidio de la activista Berta Cáceres en Honduras fue al parecer robado, lo que deja al gobierno y a la comunidad internacional buscando preguntas y el mismo archivo.
Los detalles del robo aún estaban aflorando, pero un relato inicial de El Heraldo señaló que fue tomado el 29 de septiembre, cuando una jueza de la Corte de Apelaciones, que se había llevado el expediente de su oficina para estudiarlo en su casa, fue detenida por dos vehículos y le robaron su automóvil.
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) denunció la decisión de retirarla de su cargo por “irresponsable” y dijo que trataba de reconstruir el expediente.
“El robo del expediente judicial de Berta Cáceres es un hecho delictivo que requiere una enérgica actuación de las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial, para identificar y sancionar a los culpables", se citó en un comunicado oficial a Juan Jiménez Mayor, portavoz de la MACCIH, el 30 de septiembre.
El presidente de la Corte Suprema Rolando Argueta quiso controlar el daño asegurando a la prensa que el expediente se ha reconstruido en su totalidad y que el caso continuaría.
“Reiteramos a la población, a la comunidad internacional, a las partes, a las víctimas, el hecho que no obstante el incidente del extravío del expediente, no existe ninguna posibilidad de carácter procesal de que el proceso judicial en este caso de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres se dilate, se paralice, quede en la impunidad”, señaló Argueta.
Análisis de InSight Crime
El robo del expediente es más que bochornoso, es un golpe devastador contra un gobierno que intentaba demostrar que estaba tomando las mayores precauciones para resolver un caso, que podría agitar las relaciones entre Honduras y Estados Unidos.
Cáceres, activista que junto con varias organizaciones no gubernamentales se oponía a la construcción de represas hidroeléctricas en su país, fue asesinada el 3 de marzo. En mayo, el gobierno capturó a cuatro sospechosos, dos de los cuales tenían conexión directa con la empresa que construía la represa contra la que protestaban Cáceres y sus compañeros.
Muchos creen que el caso va más arriba en la jerarquía del gobierno y de esa empresa, y este nuevo suceso de seguro detonará las teorías de conspiración en relación con la intención de ocultar algo en la administración de Juan Orlando Hernández.
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Estados Unidos ha adoptado una posición pública en este caso, una medida rara que puede indicar la relevancia del hecho para el gobierno. Y la MACCIH, el apéndice recién instalado de la Organización de Estados Americanos al sistema judicial hondureño, ha convertido el caso en pieza central de sus esfuerzos por ayudar a acabar con la impunidad en el país.
Consciente de esa realidad, Argueta comentó que las autoridades investigarían la posibilidad de que el robo del expediente fuera algo más que un error.
“Habría que analizar el caso y determinar si ella incurrió simplemente en una negligencia… o si la conducta de ella al conducir ese expediente de la Corte a su casa, va más allá de una negligencia y entra al campo doloso”, puntualizó Argueta.
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