Las autoridades de El Salvador han anunciado el robo de cuatro armas de alto poder de almacenes militares, así como la detención de dos soldados, en un caso que pone de relieve el papel de los militares corruptos en facilitar el tráfico de armas en la región.
La desaparición de cuatro ametralladoras M-60 del regimiento de Caballería de San Juan Opico, al oeste del departamento La Libertad de El Salvador, fue reportada por parte de funcionarios militares en junio y anunciada el 7 de julio por el Ministerio de Defensa salvadoreño. La Fiscalía General ha abierto una investigación sobre el asunto, informó El Diario de Hoy.
Un oficial del ejército y un soldado encargado de custodiar el almacén donde se guardaban las armas están siendo investigados en relación con el caso, dijeron fuentes militares anónimas al diario La Página. Un tercer sospechoso fue arrestado, pero más tarde fue puesto en libertad.
Según el Ministerio de Defensa, las armas pueden disparar 500 balas por minuto, a una distancia de 1.000 metros.
En otro caso, las autoridades han emitido una orden de arresto contra Elmer Espinoza Hércules, un ex mayor del ejército acusado de traficar más de 200 granadas M-90 encontradas por la policía en 2013, que fueron robadas del ejército y, al parecer, fueron destinadas al grupo narcotraficante los Zetas de México.
Análisis de InSight Crime
El presente caso es sólo uno de varios ejemplos de militares salvadoreños que han estado vinculados con el robo y tráfico de armas. Un ex teniente del ejército fue detenido por intentar vender ametralladoras M-16 a un presunto miembro de los Zetas en 2011, y otros seis militares fueron arrestados ese año por conspirar para vender casi 2.000 granadas a grupos criminales y pandillas.
Mientras tanto, en junio de este año, la Fiscalía General comenzó a investigar al ejército por el presunto tráfico de cientos de armas militares que iban a ser destruidas. El ministro de Defensa, David Munguía Payés, fue identificado como sospechoso en el caso.
Como InSight Crime ha señalado anteriormente, la corrupción y el débil control institucional, que facilitan este tipo de casos, sirven como barreras para controles de armas más estrictos, en una región que es hogar de un gran suministro de armas que quedaron de la guerra civil. También se cree que los Zetas compraron y robaron armas de provisiones militares guatemaltecas, mientras que las armas incautadas a grupos criminales mexicanos se han rastreado hasta el ejército hondureño.
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En El Salvador, el asunto del control de armas es particularmente relevante ya que los homicidios están aumentando de nuevo en medio de una tregua entre pandillas que se está desmoronando, y se han planteado preguntas acerca de dónde los pandilleros han adquirido las armas de alto poder utilizadas en ataques recientes contra la policía.
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