Las autoridades de Perú afirmaron que la mayoría de armas utilizadas por los grupos criminales son robadas a propietarios privados y a las fuerzas de seguridad, resaltando un fenómeno regional común que a menudo se ve facilitado por los funcionarios corruptos.
Especialistas consultados por El Comercio afirmaron que la mayoría de pistolas y escopetas utilizadas por los grupos los criminales de Perú fueron robadas a sus propietarios, y no adquiridas a través del mercado negro. Las autoridades informaron que 1.767 armas de fuego fueron declaradas como perdidas o robadas sólo en 2013.
El exministro de Interior, Remigio Hernani, dijo al periódico que la mayoría de las armas robadas por los criminales tenían licencia y habían sido legalmente importadas y adquiridas. También señaló que los objetivos comunes de robo eran los propietarios privados y las armerías y almacenes que tiene la Policía Nacional del Perú (PNP) y el ejército.
En una operación reciente, las autoridades recuperaron armas de fuego, municiones, explosivos, equipo militar y uniformes de los presuntos invasores de terrenos. La policía cree que la mayoría de armas fueron robadas.
El antropólogo Jaris Mujica, por su parte, ha informado que los criminales de Perú a menudo compran armas en puntos de venta oficiales, y que la afluencia de armas baratas en el mercado legal ha llevado a que aumente la propiedad de armas de fuego en el país.
Análisis de InSight Crime
Aunque El Comercio proporciona pocos detalles sobre cómo los criminales robaron las armas, el hecho de que muchas fueron tomadas del arsenales de las fuerzas de seguridad, da motivos para creer que se hizo con la colaboración de funcionarios corruptos.
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Perú tiene una historia de tráfico ilegal de armas por parte de sus funcionarios. Soldados peruanos fueron detenidos en 2009 por supuestamente suministrar armas al grupo rebelde de las FARC de Colombia, y un funcionario afirmó en 2011 que la práctica aún se mantenía. El exjefe de inteligencia de Perú, Vladimiro Montesinos, también organizó un esquema en 1999 en el que 10.000 fusiles de asalto de Jordania fueron vendidos a las FARC.
La adquisición de armas por parte de criminales y grupos ilegales facilitada por la corrupción oficial es común en Latinoamérica. Se ha sabido que los carteles mexicanos roban y compran de suministros de los ejércitos de Guatemala y Honduras, también se cree que la policía uruguaya y el ejército argentino han vendido cientos de armas de fuego a los criminales brasileños.
En marzo de este año, miembros del ejército colombiano fueron acusados de suministrar armamento al grupo narcoparamilitar los Urabeños, el cual habían robado de arsenales militares.
A pesar de que se ha llamado a la acción regional para detener este fenómeno, la "desaparición" continua de grandes cantidades de armas plantea la cuestión de si se trata de medidas de seguridad deficientes o si la corrupción de alto nivel es la verdadera culpable.
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