Mientras el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pregona sus triunfos en el robo de combustible, los grupos criminales aprovechan una oportunidad similar: el robo de gas.
Según cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas (Amexgas), en octubre de se habían robado 13.000 millones de pesos mexicanos (US$670 millones) de gas licuado de petróleo (GLP), según informó la BBC. En 2019, se habían descubierto 516 tomas clandestinas en la infraestructura de GLP, 215 más que en todo 2018.
Amexgas también denunció que el robo de GLP ha alcanzado tal magnitud que le representa a la estatal Pemex pérdidas por valor de 500 millones de pesos mexicanos (US$26 millones) mensuales, o el 11 por ciento de sus ventas totales de GLP.
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El delito, al que en México se llama “gaschicol”, es muy similar al robo de combustible, en el que los carteles perforan los oleoductos e instalan tomas o salidas para desviar el gas. La diferencia es que mientras que el combustible puede extraerse cuando los oleoductos están llenos, el robo de gas requiere la interrupción temporal de las operaciones de los gasoductos. Luego de eso, los grupos venden contenedores de GLP en el mercado negro directamente a las residencias, disfrazando sus camiones de reparto como camiones de distribución de gas normales.
Pero la extracción y distribución de gas de esta forma plantea muchos riesgos. Rubén Salazar, director de la firma consultora Elleket, declaró a la BBC que la extracción de GLP es mucho más volátil que la extracción de diésel o gasolina, por las “técnicas rudimentarias" que se emplean.
Según él, las bandas suelen transportar el GLP en tanques de agua, que no están adecuados para ese fin y podrían estallar. Además, el gas robado se almacena generalmente cerca de zonas residenciales, lo que crea riesgo de incendio.
En agosto pasado, un intento de robo de gas en el ducto de GLP de Cactus-Zapotlanejo, al norte de Ciudad de México, provocó una fuga de gas. Pemex interrumpió las operaciones en ese ducto y en tres terminales, y debió evacuarse a 3.000 residentes del sector.
Análisis de InSight Crime
Hasta el momento, el combate al huachicoleo ha sido un foco de atención en la estrategia del presidente López Obrador contra el crimen. Pero aunque ha logrado una reducción importante de la cantidad de combustible robado, se ha observado un leve aumento de las tomas ilegales en oleoductos durante 2019. El consiguiente aumento del robo de GLP es otro síntoma de esta lucrativa economía criminal.
La geografía y los grupos responsables del gaschicol son muy similares a los que se ocupan del huachicol.
Por ejemplo, el robo de gas también se concentra en estados centrales de México, densamente poblados y muy industrializados, según señaló Carlos Serrano, presidente de Amexgas.
“Este robo se da concentrado en el centro, en la Ciudad de México, el estado de México, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Guanajuato", declaró Serrano en entrevista con La Jornada.
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El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Santa Rosa de Lima, cuya disputa por el control de los oleoductos disparó la violencia en el estado de Guanajuato, también tienen una participación importante en el robo de gas, según la BBC.
Y la escala de las operaciones de GLP en todo México hace muy difícil que el gobierno tome medidas contra el robo de gas. Desde 2016, se privatizaron el transporte y la distribución de GLP, lo que permitió que las empresas distribuyeran gas a millones de residencias y empresas. Esa descentralización ha hecho parte de la Reforma Energética en México, pero ha dificultado bastante la identificación de actores ilegales en el mercado.
Además, López Obrador puede tener problemas para evitar algunas de las fallas que afectaron su ofensiva contra el huachicoleo. En enero de 2019, poco después de su posesión, cerró temporalmente cuatro importantes oleoductos y anunció que se transportaría el combustible en camiones y trenes. Esa medida generó desabastecimiento generalizado en todo el país. Aun si quisiera intentar esto de nuevo, el transporte de GLP en vehículos camuflados como camiones de distribución, esa táctica parece improbable.
Otro factor ha sido que empleados corruptos de Pemex informan a las bandas el momento ideal para atacar. El gobierno prometió que depuraría la compañía más grande de México y erradicaría esa actividad, pero según informó la BBC, ahora los trabajadores están compartiendo específicamente información que favorece el robo de gas.
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