Recientes ataques a policías en Uruguay han puesto en evidencia la evolución del crimen organizado en este país, del que hasta hace poco se creía era uno de los más seguros de la región.
El pasado 6 de febrero, la Dirección de Análisis del Ministerio del Interior publicó un informe en el que revela que, en el primer mes de 2020, 78 funcionarios policiales fueron víctimas de algún tipo de agresión, como hurtos, homicidios y atentados en todo el país.
Según la entidad, en diez de los 25 casos ocurridos en este periodo se pudo establecer que el propósito de los delincuentes era despojar a los policías de sus armas de dotación.
De acuerdo con el jefe de la Policía, Mario Layera, el gobierno maneja por el momento tres hipótesis sobre los motivos detrás de los robos, informó El Observador.
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La primera es que los narcotraficantes uruguayos estarían pagando grandes sumas de dinero a delincuentes locales para asaltar a los agentes y quedarse con las armas y otras dotaciones de la Policía, como chalecos antibalas, uniformes y hasta equipos electrónicos del Ministerio del Interior.
Otra conjetura de las autoridades es que los delincuentes estarían robando este armamento para suplir la demanda en el tráfico de armas hacia Brasil.
Finalmente, Layera confirmó que se investiga si el aumento en las incautaciones de armas en 2019 sería la causa de los robos: las bandes estarían intentado reabastecer su armamento para responder en las constantes disputas entre criminales, según lo afirmó el exministro del Interior, Eduardo Bonomi.
Análisis de InSight Crime
Uruguay ha experimentado un aumento importante de la violencia, lo que incluye un incremento del 45 por ciento en los homicidios en 2018, además de estos ataques recientes dirigidos a policías.
De acuerdo con las declaraciones del jefe de la Policía, Mario Layera, tanto las agresiones a autoridades como a ciudadanos comunes no son nuevas.
Aunque las autoridades aseguran que los tiempos de respuesta y las incautaciones de droga y armamento a estructuras criminales locales por parte de la Policía han aumentado, y que esta podría ser una de las razones detrás de los recientes robos, esto no ha servido para que la percepción de seguridad mejore.
Si bien Uruguay ha sido considerado durante mucho tiempo como uno de los pocos países de América del Sur excentos de la violencia extrema y el tráfico de drogas, es cada vez más evidente que este se ha convertido en un punto de salida de drogas hacia Europa, y hay pruebas recientes de que miembros de sus fuerzas armadas estarían colaborando con estructuras criminales.
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Durante la campaña presidencial en octubre del año pasado, el tema que dominó la agenda fue la seguridad. Tanto así que por medio de un referendo se propuso a la ciudadanía la posibilidad de desplegar militares en las calles, endurecer las penas de prisión para ciertos delitos y autorizar allanamientos nocturnos.
La medida no fue aprobada, ya que necesitaba de la mayoría absoluta de los votos para pasar, pero al menos el 47 por ciento de los electores estuvieron a favor de este tipo de medidas de mano dura para combatir la inseguridad.
El nuevo presidente, Luis Alberto Lacalle Pou, quien asumió el cargo el 1 de marzo, ha tomado en serio este apoyo público y ha anunciado medidas que incluyen más patrullas policiales en barrios peligrosos y controles más estrictos en las prisiones.
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