Las autoridades de Perú están investigando a una organización criminal dedicada al robo de tierras, un crimen que con frecuencia implica la corrupción oficial y que afecta especialmente a los más pobres y a las poblaciones rurales.
Según las autoridades, la red tiene su sede en la ciudad de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque, al Occidente de Perú, y cuenta con miembros de los restos de las bandas criminales peruanas "La Gran Familia" y "El Nuevo Clan del Norte"; estos invaden territorios, desplazan a los ocupantes e imponen impuestos sobre la tierra. Particularmente tienen como objetivo a las tierras abandonadas y en disputa, informó Perú 21.
Según los informes, los criminales se hacen pasar por abogados e inscriben títulos de propiedad falsificados en los registros públicos con el apoyo de funcionarios públicos corruptos, incluyendo jueces, abogados y agentes de la policía.
“Se apropian de tierras y negocian la devolución de las mismas con los verdaderos dueños o las venden a testaferros […] Contratan a gente para que se posicione de los lotes”. Reveló una fuente de la Fiscalía a Perú 21.
El jefe zonal de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Rafael Pantoja, sostuvo que sólo en 2014 se han presentado 77 acusaciones en el país por tráfico de tierras.
Análisis de InSight Crime
Como demuestra este caso, la complicidad oficial es un factor clave en las operaciones de los traficantes de tierras, que dependen de la cooperación para falsificar y registrar títulos de propiedad. La corrupción es un problema importante que se presenta entre las autoridades peruanas en todos los niveles -en Lambayeque, un jefe de la policía fue arrestado por colaborar con El Nuevo Clan del Norte en diciembre de 2013.
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El jefe de la SUNARP dijo que existen diversas operaciones de tráfico de tierras en Perú. En un caso el año pasado, varios trabajadores de una empresa de construcción fueron arrestados por su presunta participación en una red similar en Lima.
El robo de tierras es una problemática significativa en varios países de la región, y con frecuencia está relacionada con el tráfico de drogas. Territorios ocupados ilícitamente a menudo son utilizados para construir ranchos, a través de los cuales pueden ser lavadas las ganancias del narcotráfico, así como también son utilizados en la construcción de pistas de aterrizaje clandestinas y rutas de tráfico. Como tal, la tierra es un bien muy preciado por los criminales, y es a menudo un importante motor de conflicto y desplazamiento forzado, como se ha visto en lugares como Colombia.
A menudo el crimen afecta a las poblaciones rurales pobres, como se ha visto con la focalización en los territorios indígenas en Nicaragua, y con la confiscación de vastas extensiones de tierras agrícolas por los guerrilleros y por los grupos criminales en el conflicto colombiano. Sin embargo, las autoridades también han desmantelado redes de tráfico de tierras urbanas en países como Guatemala y Ecuador.
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