Salen a la luz detalles del esquema de corrupción ‘Dinero K’ en Argentina

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Mientras Argentina se ve estremecida por un escándalo de grandes proporciones que involucra el desvío de millones de dólares por contratos de obras públicas, una nueva resolución redactada por el juez que dirige la investigación brinda detalles sobre el alcance de la corrupción.

El 18 de abril, el juez federal Sebastián Casanello divulgó un informe de 122 páginas que arroja nueva luz sobre el escándalo de corrupción denominado “La Ruta del Dinero K”, en el que el contratista y empresario Lázaro Báez sigue acusado del desvío de millones de dólares para contratos de obras públicas. El informe señala que se empleó una “estructura criminal internacional” de empresas de papel para blanquear los dineros desviados presuntamente conectados con más de US$650 millones por contratos que el gobierno otorgó a Báez y a su empresa entre 2003 y 2015, informó el Clarín.

Las denuncias contra Báez salieron a la superficie por primera vez en 2013. Desde entonces, la investigación se ha ampliado para incluir a socios comerciales, financistas y funcionarios públicos que parecen conectados con Báez. La investigación también arroja sospechas sobre el expresidente Néstor Kirchner y su esposa y sucesora en la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, en cuyos dos periodos a la cabeza del gobierno se otorgaron contratos a Báez.

Según los detalles divulgados en el informe de Casanello, más del 11 por ciento del total del presupuesto nacional para obras públicas se asignó al estado de Santa Cruz, donde se encontraban las firmas de Báez, solo después de la provincia capital de Buenos Aires, que recibió 14 por ciento: Santa Cruz tiene una población de apenas 300.000 habitantes, mientras que Buenos Aires tiene una población de más de 15 millones.

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El informe advierte que hubo una concentración de los contratos otorgados a firmas ligadas a Báez, pese a las irregularidades en el cumplimiento de dichos contratos. También advirtió que hubo un periodo de retraso desigual entre la concesión de los contratos y el desembolso del dinero, donde resultó muy favorecido Báez, pues las firmas vinculadas a él esperaban un promedio de 34 días, en comparación con el promedio de espera general, de 231 días.

Casanello compulsó órdenes de detención preventiva para Báez y su contador, Daniel Pérez Gadín, el 18 de abril, por peligro de fuga. El abogado de Báez, Jorge Chueco, desapareció el 11 de abril, y fue capturado por las autoridades en el vecino Paraguay el 19 de abril. Posteriormente fue entregado a las autoridades argentinas.

Análisis de InSight Crime

A medida que se conozca nueva información, deberá crecer el número de actores implicados en el escándalo. La resolución de Casanello indicaba que por lo menos dos funcionarios públicos viajaron en el jet privado de Báez, entre ellos el exdirector de la Dirección General Administrativa de la Administración General de Ingresos Públicos, Ángel Rubén Toninelli, y el ingeniero jefe de la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Jorge López Geraldi. Casanello también llamó a indagatoria al exdirector de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray.

Leonardo Fariña, socio de Báez, quien se encuentra en prisión por cargos de evasión tributaria, ha brindado amplio testimonio a los investigadores, que sugiere que la complicidad en el esquema Dinero K abarca firmas privadas, organismos públicos hasta llegar a la legislatura. Habló de un “plan sistemático cuyo objeto fue el vaciamiento de las arcas públicas mediante la obra pública”.

Este nuevo capítulo en Argentina se suma a la lista de escándalos de corrupción de alto perfil que han salido a la luz en otros lugares de Latinoamérica en el último año. Guatemala asistió a la renuncia de su presidente por una red de fraude aduanero, Honduras está en medio de una activa investigación por una red de corrupción en el organismo de seguridad social, y Brasil está sumido en un escándalo de corrupción ligado a contratos con su petrolera estatal.

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