Los fiscales de El Salvador han pedido al Congreso que retire la inmunidad al embajador del país en Alemania y exministro de defensa, con el fin de adelantar un proceso en su contra por una supuesta red de tráfico de armas.
La Fiscalía General de la República acusa al general José Atilio Benítez de fraude, posesión ilegal de armas y tráfico ilegal de armamento, informó La Prensa Gráfica. Los fiscales alegan que Benítez ordenó a sus subordinados que registraran licencias fraudulentas de armas de fuego para permitir su posterior venta ilegal.
El fiscal general Douglas Meléndez instauró la petición ante la Asamblea Legislativa el 2 de junio, alegando que Benítez era la cabeza de una red de tráfico de armas. Los fiscales del país anunciaron que la red involucraba a oficiales activos y en retiro, lo que esencialmente transformó una oficina de logística militar en una armería.
Se dice que las investigaciones sobre el general Benítez se desarrollan desde 2014. Los fiscales allanaron la residencia de Benítez en julio de ese año, y hallaron las licencias de 29 armas de fuego que presuntamente fueron destruidas. En esa época el general fungía como embajador en España.
Se requiere una mayoría simple en la cámara de diputados para despojar a Benítez de su inmunidad constitucional. El fiscal Rodolfo Delgado dijo que la investigación no halló conexión entre la red de tráfico de armas y el crimen organizado, informó la Prensa Gráfica.
Análisis de InSight Crime
No es la primera vez que se acusa de tráfico de armas a altos mandos del ejército en El Salvador. En septiembre de 2015, fue arrestado un coronel retirado por posesión y tráfico de armas. Es tradición que los oficiales del ejército gocen de un alto grado de impunidad en lo que se refiere a estos tipos de delitos.
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Aunque aún no se definen los vínculos entre los presuntos negocios de armas del general Benítez y los grupos del crimen organizado, en el pasado oficiales del ejército en servicio activo y en retiro han vendido armas a grupos criminales transnacionales, incluyendo Los Zetas en México y la MS13 y Barrio 18 en El Salvador. El tráfico de armamento en la cúpula del gobierno puede afectar la legitimidad del estado y sus esfuerzos por desarticular el crimen organizado.
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