El Salvador considera ‘estado de excepción’ debido a creciente violencia

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Las autoridades de El Salvador están considerando implementar un estado de excepción que suspendería ciertos derechos constitucionales, dado que la crisis de seguridad continúa empeorando, pero se han generado dudas sobre la legalidad y la eficacia de la medida.

El 8 de marzo, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el presidente Salvador Sánchez Cerén y diversos legisladores estudiaron un plan para implementar un estado de excepción en los municipios más violentos del país, informó La Página. Dicho estado de excepción se aplicaría en por lo menos diez municipios, incluyendo la ciudad capital de San Salvador.

Si se implementa, el estado de excepción les otorgaría a las autoridades amplios poderes para suprimir las reuniones públicas, restringir la libertad de movimiento y monitorear el servicio postal, los correos electrónicos, los teléfonos y las comunicaciones en medios sociales.

La Constitución de El Salvador les permite a las autoridades declarar el estado de excepción bajo condiciones de guerra, invasión, rebelión, sedición o “alteraciones graves al orden público”. Según El Diario de Hoy, la Asamblea Legislativa de El Salvador debe aprobar esta decisión.

El diputado Guillermo Gallegos, del partido político GANA, se expresó a favor de la propuesta, y le dijo a La Página que las comunidades “deben tener el respaldo legal para reaccionar ante una amenaza de grupos criminales”.

En cambio, el líder del partido conservador ARENA, Jorge Velado, dijo que tiene “serias dudas de que dicho estado de emergencia sea con el verdadero objetivo de combatir la delincuencia”, y sugirió que podría ser un intento de Cerén para silenciar las críticas a su administración.

Análisis de InSight Crime

Los niveles de violencia en El Salvador crecieron durante 2015, y el país cerró el año con una tasa de homicidios de más de 100 por cada 100.000 ciudadanos —la más alta del mundo—. Los altos niveles de violencia han continuado en 2016, y entre enero y febrero se cometieron cerca de 1.400 homicidios —un promedio de uno por hora—.

Recientemente, la retórica oficial sobre la inseguridad ha tomado un tono cada vez más desafiante, y el presidente Cerén declaró que “la guerra” era la única opción que quedaba para manejar el problema de las pandillas del país. Sin embargo, Cerén afirmó que la violencia en El Salvador es un “problema estructural” que “no se resolverá de la noche a la mañana”.

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Considerar el problema de la violencia en el país como una condición crónica y de vieja data es algo que riñe con la idea de un estado de excepción, considerado como una herramienta para el manejo de situaciones de emergencia o que surgen de manera inesperada. A nivel regional, los más recientes estados de excepción se han declarado en Venezuela, como respuesta a una crisis fronteriza con Colombia, y en Perú, como resultado de la creciente criminalidad a lo largo de la costa. Ambas medidas recibieron críticas por no abordar las causas de raíz ni proporcionar soluciones a largo plazo.

Por otra parte, aún no está claro si las condiciones actuales de El Salvador cumplen con los estándares legales descritos en la Constitución para los casos en los que se puede declarar el estado de excepción. Sin embargo, esta no es la primera vez que la administración de Sánchez Cerén ha intentado aplicar las herramientas legales existentes como manera de abordar el problema de las pandillas. En agosto de 2015, el entonces procurador, general Luis Martínez, comenzó a tratar a los pandilleros bajo las leyes antiterroristas. Pero sus propuestas fueron rechazadas por la corte, y finalmente fueron consideradas inconstitucionales.

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