El congreso de El Salvador aprobó por unanimidad la implementación de un paquete de medidas "extraordinarias" en el sistema carcelario del país, mientras siguen acrecentándose las tensiones en el enfrentamiento entre el gobierno y las pandillas.
El presidente Salvador Sánchez Cerén sancionó el proyecto de ley casi inmediatamente después del voto el 1 de abril, y, según informes de la Prensa Gráfica, éste entrará en vigor en las siguientes 24 horas. Las medidas (pdf) endurecerán las restricciones sobre los reclusos y evitará que ordenen crímenes desde la cárcel, informó El Diario de Hoy.
El ministro de justicia Mauricio Ramírez Landaverde consideró que las medidas son necesarias, porque "las regulaciones ordinarias son insuficientes" para un control efectivo de las prisiones, lo cual crea condiciones que los grupos criminales aprovechan.
Las medidas, que se aplicarán por un año, incluyen provisiones para:
- Aislar o trasladar reos peligrosos a condiciones de reclusión especiales, con mayores restricciones (el 28 de marzo, se trasladó a 299 mandos medios de las pandillas a la cárcel de Quezaltepeque, que estrena renovaciones para reforzar la seguridad)
- La suspensión de los traslados de reclusos para comparecencias judiciales (un juez o tribunal realizará los procesos necesarios en forma virtual o dentro de la cárcel)
- Restricción de los derechos de visita
- Participación obligatoria de los reclusos en programas de destrezas ocupacionales y reeducación
- Interrupción de señal de telecomunicaciones en los centros penitenciarios
Las medidas se implementarán en primer lugar en siete cárceles, en las que hace poco se declaró estado de emergencia, y en el futuro se incluirán otros centros penitenciarios.
Las empresas de telecomunicaciones que no interrumpan el servicio dentro y en los alrededores de las cárceles en una fecha establecida podrán recibir multas de US$750,000 diarios. No podrá instalarse nueva infraestructura de telecomunicaciones, como torres de celulares, en un perímetro de 500 metros alrededor de cada centro carcelario.
Además, la ley agiliza el proceso para ejecutar renovaciones en las cárceles o para construir centros provisionales que alberguen a presos menos peligrosos. Según La Prensa Gráfica, las cárceles de El Salvador tienen una capacidad de diseño de unos 10.100 internos, pero albergan 33.000.
Análisis de InSight Crime
Las nuevas medidas son las más recientes de una serie de iniciativas del gobierno para controlar los niveles de violencia extremos en El Salvador. Los dos primeros meses de 2016 registraron un promedio de 23 homicidios diarios, un incremento de 120 por ciento sobre el mismo periodo de 2015.
Estas iniciativas se dirigen específicamente a las notorias pandillas callejeras del país, responsables de gran parte de la violencia, lo que atiza las tensiones entre el gobierno y las poderosas pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Sin embargo, la nueva legislación dispara directo al corazón de las pandillas: sus cabecillas en prisión.
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Las cárceles de El Salvador han actuado durante largo tiempo como centros vitales de la actividad pandillera, constituyendo una incubadora para el reclutamiento, la coordinación y la consolidación de sus miembros. Han seguido participando en sus empresas criminales, en particular la extorsión por teléfono celular, que son ejecutadas por los pandilleros en libertad.
De implementarse efectivamente, el aislamiento del mundo exterior a los cabecillas de las pandillas —la mayoría de los cuales están presos— podría desbaratar la estructura de las agrupaciones criminales.
En el corto a mediano plazo, sin embargo, estas medidas de fuerza podrían provocar revueltas en las calles y aumentar los niveles de violencia, que fue lo que sucedió en 2015 después de que el gobierno trasladara a los cabecillas a cárceles de máxima seguridad tras el colapso de la tregua entre pandillas.
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