La policía de México dio de baja a 42 presuntos miembros de un cartel, en el que ha sido el más sangriento enfrentamiento de la guerra contra las drogas en los últimos tiempos —y que ha vuelto a levantar sospechas sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas—.
El 22 de mayo, la policía federal rodeó un rancho en una zona rural en la frontera de los estados de Jalisco y Michoacán. Apoyadas por un helicóptero de combate, las fuerzas de seguridad desplegaron un asalto de tres horas que dejó como resultado la muerte de un policía y 42 presuntos miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tres hombres presuntamente armados fueron arrestados y se incautó un arsenal de armas, informó Proceso.
Ya hay diversos testimonios sobre lo ocurrido, dado que testigos y familiares de los muertos cuestionan la versión oficial de los hechos.
La policía dijo que el helicóptero fue atacado por rifles de asalto, y que recibió tres impactos. Sin embargo, hay testigos que afirman haber visto una ráfaga de balas proveniente del helicóptero, con el apoyo en tierra de las fuerzas de seguridad, que “no dieron oportunidad a los del rancho a defenderse mucho.”
Los familiares de los muertos le dijeron a La Jornada que algunos de los cuerpos mostraban signos de haber sido golpeados y otros de haber sido quemados.
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Otras fotografías que han aparecido de la escena del crimen han aumentado las sospechas, ya que muestran que algunos cuerpos pudieron haber sido cambiados de lugar, o arrojados en el suelo sin ropa ni zapatos y con armas puestas sobre el pecho.
Las autoridades le dijeron a Milenio que los tres sospechosos arrestados en la escena del crimen afirmaron que habían sido reclutados semanas antes por el grupo criminal.
La policía negó cualquier acusación y afirmó que la confrontación no fue más que un intercambio de disparos.
Según Proceso, el comisionado de la policía Enrique Galindo les dijo a los medios que “Ellos [los delincuentes] en ningún momento deciden rendirse ni entregar las armas, ni dejar de disparar”.
Análisis de InSight Crime
Este es solo el más reciente caso en el largo historial de emboscadas de las fuerzas de seguridad en las que la gran diferencia de bajas en los dos bandos levanta sospechas. Como se evidencia en la línea de tiempo que se incluye a continuación, hay muchos casos en los que los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y presuntos miembros de carteles han dado como resultado un mayor número de muertos del lado del cartel “agresor”.
El Estado mexicano todavía se encuentra lidiando con la racha de denuncias surgidas el año pasado, según las cuales un “intercambio de disparos” —en el que 22 presuntos criminales murieron en Tlatlaya— fue poco más que una masacre.
Si surgen más denuncias similares sobre este reciente hecho, se sumarán a la larga lista de escándalos de seguridad que perjudican la legitimidad del Estado en su lucha contra el crimen organizado.
La emboscada contra los presuntos miembros del CJNG se presentó después de una serie de sofisticados ataques del cartel contra las fuerzas de seguridad, en los que emplearon armamento pesado. Independientemente de que estas muertes hayan sido el resultado de una batalla o de una masacre, recuerdan una vez más cuán militarizado se ha vuelto el conflicto entre el Estado mexicano y los carteles de las drogas —y que inevitablemente esta situación puede dar lugar a abusos—.
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