Los hallazgos de un reciente informe destacan los desastrosos impactos ambientales de la minería aurífera no regulada en Colombia y su correlación geográfica con el cultivo de coca, dos economías criminales que el país debe enfrentar ahora que busca cerrar un capítulo violento de su historia.
El informe (pdf), elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) y el gobierno colombiano, es el primer segmento de un proyecto en dos fases que investiga la explotación de oro de aluvión (AGE, por sus siglas en inglés) en Colombia.
La minería aluvial de oro se realiza generalmente usando métodos al “aire libre”, tales como dragar ríos o excavar la tierra con maquinaria pesada para dejar expuestos los depósitos. En 2011, se estimaba que el 82 por ciento de la minería de oro en Colombia era aluvial, mientras que el 18 por ciento consistía en métodos de excavación por túneles.
Según el informe, 78.939 hectáreas de tierra sufrieron los efectos de la AGE en el país en el 2014, impactando 17 de los 32 departamentos del país. La región pacífica fue la más afectada por las actividades de AGE, con afectación del 24 por ciento de los departamentos a lo largo de la costa pacífica.
Fotografías aéreas de explotación de oro en el departamento de Antioquia tomadas del reporte de ONUDD
El informe indica que el 60 por ciento de la AGE detectada no tenía registros formales que documentaran la autorización legal para la extracción del oro: ni licencia, ni títulos o permisos. El restante 40 por ciento tenía partes de la autorización necesaria, y solo el 2 por ciento había completado todas las formalidades requeridas para ejercer su actividad de manera legal.
En total, 79 por ciento de la tierra afectada por la AGE se concentraba en los departamentos de Chocó (46 por ciento) y Antioquia (33 por ciento). En Chocó, había 27 de 30 municipios afectados. El municipio de Nechí, en Antioquia, sin embargo, registró el mayor impacto, con AGE detectada en 6.232 hectáreas, 8 por ciento del total nacional.
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El informe también culpa la explotación aluvial de oro como responsable importante de la deforestación en Colombia.
En 2014, un total de 24.450 hectáreas de vegetación, consideradas de “gran valor medioambiental” se perdieron —casi 10.000 hectáreas, más que las 15.404 hectáreas destruidas por los cultivos ilícitos de coca en 2013. Este fenómeno se centraba principalmente en el Chocó (77 por ciento), considerado una de las áreas más diversas en el mundo.
El informe también documentó una relación entre la AGE y el cultivo de coca.
En general, 38 por ciento del territorio colombiano afectado por la AGE coincidió con la presencia de cultivos ilícitos de coca. En los departamentos de Caquetá, Putumayo y Nariño, más del 80 por ciento de las actividades de AGE detectadas estaban en áreas donde también se encontraron cultivos de coca.
Para seguir el enfoque geográfico del primer informe, la segunda fase de la investigación llevada a cabo por la ONUDD y el gobierno colombiano sobre AGE examinará las dimensiones socioeconómicas y las sustancias químicas involucradas en las actividades de extracción.
Análisis de Insight Crime
El crecimiento de la industria minera informal en Colombia en los últimos años ha sido motivo de preocupación. En noviembre, el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas dijo que la amenaza que representa la minería criminal era “igual a, o mayor que el tráfico de droga”, comentarios que se dan meses después de que el presidente Juan Manuel Santos declarara la “guerra” a la minería ilegal. El impulso que mueve esas declaraciones es que la minería informal se ha convertido en una fuente de ingresos importante para los grupos criminales de Colombia, con un valor estimado de US$2 mil millones en ganancias anuales.
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Más aún, la correlación geográfica entre la minería ilegal de oro y el cultivo de coca que se documentó en el informe de la ONUDD sugiere además un cruce entre los grupos criminales implicados en dichas actividades. Ciertamente, grupos tales como la organización criminal de Los Urabeños y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) —las cuales se involucran en la producción de coca y el tráfico de droga— también han sido conocidos por manejar sus propias operaciones de minería y cobrar impuestos a los mineros que operan en su territorio. Además de ser una manera de diversificar sus fuentes de ingreso, la minería de oro le ofrece a este tipo de grupos criminales la oportunidad de lavar dinero.
En relación con las FARC en particular —que se encuentra cerca de completar un histórico acuerdo de paz con el gobierno colombiano— la pregunta de qué sucederá con sus operaciones mineras una vez se firme un acuerdo de paz, ha quedado eclipsado por las preocupaciones por su participación en narcotráfico. Por un lado, elementos de las FARC que rechacen el proceso de paz pueden criminalizarse y continuar beneficiándose de la minería ilegal, una preocupación compartida con las actividades de narcotráfico del grupo armado. Sin embargo, también es probable que la desmovilización de las FARC cree un vacío en áreas que antes dominó, lo que abriría espacio para que grupos como Los Urabeños puedan entrar y tomar el control de las operaciones de minería ilegal que las FARC controlaban.
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