Uno de los líderes de la guerrilla colombiana de las FARC ha ordenado a sus hombres dejar de cobrar su "impuesto revolucionario", un alto simbólico a las prácticas extorsivas del grupo, que pueden resultar difíciles de llevar a la práctica.
Timoleón Jiménez, alias "Timochenko", uno de los principales cabecillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hizo el anuncio en una entrevista con la Agencia de Prensa Rural (vea el video a continuación).
"Acabo de dar la orden a todas las estructuras de las FARC que suspendan los impuestos a toda la actividad económica legal", anunció Timochenko, y justificó la anterior imposición de estos “impuestos”, que se imponían a los hacendados y negocios locales, como necesario para alimentar a los miles de combatientes de las FARC.
Las FARC y el gobierno colombiano están cerca de concluir un histórico acuerdo de paz, y recientemente acordaron un cese bilateral al fuego. El presidente colombiano Juan Manuel Santos espera tener firmado un acuerdo de paz definitivo antes del 20 de julio.
"Creemos que ya falta poco. Que con lo que tenemos ahí logramos llegar al final del acuerdo", explicó Timochenko que era la razón para su orden de cesar el cobro de cuotas.
Timochenko también declaró a Prensa Rural que las FARC dejaron de reclutar nuevos combatientes hace tres meses. Instó a los actuales miembros a estudiar los acuerdos de paz hechos hasta ahora para estar preparados para un congreso interno de las FARC, donde se discutirá y aprobará el acuerdo.
Análisis de InSight Crime
El anuncio de Timochenko de ordenar a los integrantes de las FARC el cese de extorsiones a negocios y residentes locales pone varias preguntas sobre el tapete.
Una es si la producción de coca se considera una "actividad económica legal", y si las FARC seguirán o no cobrando dinero por protección a los cultivadores de coca y a los narcotraficantes en las zonas bajo su control.
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Sin embargo, quizás lo más importante sea el dilema de poner en ejecución esa orden. Por ejemplo, las milicias de las FARC —que se calculan en 8.500, mayor número que los cerca de 7.000 combatientes activos de las FARC— cumplen un rol en el cobro del “impuesto de guerra” a los locales. Por su naturaleza clandestina, se han presentado algunas inquietudes por la plena desmovilización de dichas estructuras y su incorporación a las zonas de concentración acordadas para los combatientes de las FARC. Al igual que con el narcotráfico, es probable que algunos elementos disidentes de las FARC sigan buscando aprovecharse de la extorsión a población local después de la firma de un acuerdo de paz definitivo.
Sin embargo, no debe subestimarse la importancia simbólica del anuncio de Timochenko que anunciaba el cese del cobro de impuestos por parte de las FARC a los habitantes. La extorsión a los hacendados en particular desempeñó un rol clave en la violencia cíclica en Colombia, lo que fue un motivador importante para la formación y la proliferación de paramilitares de derecha en Colombia.
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