El Senado de la República Mexicana aprobó de manera unánime un extenso proyecto de ley para la reforma carcelaria; sin embargo no queda claro si estas medidas serán suficientes para todas las mejoras urgentes que requiere el sistema penitenciario.
El 27 de abril, con un voto de 114 a cero, el Senado aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual se cursa en la Cámara de Diputados para su aprobación final.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Fernando Yunes Márquez, dijo que la ley garantizaría que las prisiones de México “nunca más serán nidos de violación a los derechos que la Constitución garantiza”.
El proyecto prohíbe la aplicación de la tortura y otras medidas disciplinarias que sean “crueles, inhumanas o degradantes”, incluyendo el encierro en celdas oscuras y sin ventilación. También prohíbe el aislamiento indefinido por más de 15 días continuos.
Además, la ley establece derechos específicos de género para mujeres encarceladas, incluyendo el derecho a recibir atención médica obstétrico-ginecológica y pediátrica, así como alimentos saludables y adecuados para sus hijos, en caso de que permanezcan con sus madres en prisión.
El proyecto también otorga elegibilidad inmediata para libertad a personas que hayan sido acusadas por posesión de menos de cinco kilogramos de Cannabis sin haber cometido actos de violencia, así como a aquellos acusados por robo de montos menores al equivalente de 80 salarios mínimos (alrededor de 5.800 pesos mexicanos o US$340).
En caso de que el proyecto se convierta en ley, las autoridades carcelarias tendrán un plazo de cuatro años para implementar las reformas.
En un proyecto parecido, varios senadores instaron al Senado a aprobar una medida apoyada por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual legalizaría el uso medicinal de la marihuana antes de que termine el periodo ordinario el 30 de abril.
El senador Raúl Elizalde, cuya hija sufre de una condición epiléptica la cual podría tratarse con cannabis, dijo que existe una “urgencia real” para aprobar la propuesta.
“Seis meses, cuatro meses esperarnos hasta otro periodo legislativo es muchísimo tiempo para una persona que tiene una enfermedad”, dijo en una conferencia de prensa.
Análisis de InSight Crime
A pesar de que las medidas de la reforma carcelaria parecen demostrar un paso hacia el mejoramiento de la problemática situación del sistema penitenciario mexicano, varios senadores expresaron su preocupación sobre la dificultad de implementar las disposiciones. La senadora Pilar Ortega Martínez, por ejemplo, señaló que la asignación de impuestos a fondos para prisiones – en especial a aquellos para mejorar las condiciones para los presos – suele ser poco aceptada.
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Al mismo tiempo, la aprobación unánime del proyecto en la Cámara de Senadores indica un reconocimiento generalizado de las fallas del actual sistema penitenciario. Intentos anteriores de reformas correctivas de largo plazo no han cumplido con las expectativas. La fuga del capo del Cartel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, en julio de 2015 de la prisión de más alta seguridad del país, y la huelga letal en la prisión de Topo Chico el pasado mes de febrero de este año pudieron haber dado el impulso necesario para esta última iniciativa.
Sin embargo, que este impulso se traduzca en cambios concretos está por verse.
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