Guerrilleros del Sendero Luminoso incendiaron 20 vehículos pertenecientes a una empresa de construcción en Perú, que se había negado a pagar dinero a cambio de protección, lo que resalta el continuo control de la guerrilla sobre ciertas áreas de importancia estratégica en el país.
El asalto sucedió la noche del 23 de julio, cuando unos 50 guerrilleros bajaron a varios campos de trabajo, construidos por la empresa constructora Consorcio Vial Quinua, la cual se encontraba aplicando asfalto a una carretera a través de la región del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) –corazón del narcotráfico en Perú–.
Según testigos, los guerrilleros obligaron a los vehículos a parar y ordenaron a los conductores a salir, diciendo que "(…) La cosa [el problema] no es con el pueblo ni con ustedes sino con la empresa", informó La República.
El ataque se produjo después de que la empresa se negara a pagar las cuotas de extorsión de aproximadamente US$35.000. Los guerrilleros destruyeron equipo avaluado en unos US$5 millones, aunque no hubo enfrentamientos ni heridos reportados.
La policía dijo que cree que la célula guerrillera responsable está encabezada por Orlando Borda Casafranca, alias "camarada Alipio", segundo al mando de la facción del VRAEM del Sendero Luminoso.
Análisis de InSight Crime
El Sendero Luminoso puede ser una sombra de la organización que alguna vez aterrorizó a Perú en la cima de su poder en los años noventa, pero ataques como éste demuestran que los guerrilleros siguen siendo una fuerza importante en las zonas en las que operan.
La región del VRAEM, donde se produjo el ataque, no sólo es un bastión de una de las dos facciones de la fragmentada guerrilla, sino que también es el epicentro del cultivo de coca de Perú y el narcotráfico. Las guerrillas han prosperado en esta región, financiando sus actividades mediante la imposición del comercio local de drogas y la prestación de servicios de seguridad para los narcotraficantes, además de otras fuentes de ingresos, como la extorsión y el tráfico ilegal de madera.
La guerrilla también se ha aprovechado de la débil presencia del Estado en la región, algo evidenciado por este último ataque, que vio cómo una importante empresa de construcción que trabaja en un proyecto de infraestructura pública no puede depender del Estado para su protección.