Un juez de El Salvador sentenció a miembros de la pandilla callejera MS13 a 200,5 años de cárcel por extorsión, otra muestra de que el sistema judicial ha cerrado filas en torno al aparato de seguridad gubernamental en su guerra contra las pandillas.
Un tribunal de sentencia en la ciudad oriental de San Miguel impuso el fallo a seis miembros de la MS13 por dirigir una red de extorsión desde la cárcel La Esperanza, informó El Diario de Hoy. La red, que según se dice estaba conformada por 17 pandilleros, hacía llamadas telefónicas desde la cárcel para extorsionar a víctimas en el exterior.
El mismo tribunal condenó a otros 76 pandilleros por intento de homicidio de un agente de policía y por pertenencer a una organización terrorista, según Associated Press. De este grupo, ocho cabecillas recibieron sentencias de 44 años de cárcel, mientras que los otros 68 recibieron 38,5 años.
Análisis de InSight Crime
La decisión judicial de sentenciar a extorsionistas a penas de cárcel tan largas llama la atención, en especial por lo corto de las sentencias que recibieron los otros pandilleros por tentativa de homicidio de un policía. El fallo se da en el contexto de una ofensiva gubernamental más amplia de erradicar las actividades ilegales en las cárceles del país, que por largo tiempo han sido centros de operaciones y reclutamiento para las pandillas y son la fuente de muchas mafias extorsionistas. A comienzos de mayo, el vicepresidente Óscar Ortiz amplió a un año el estado de emergencia en siete centros penitenciarios.
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No es la primera vez que los juzgados adoptan una postura inflexible contra las pandillas como resultado de medidas de seguridad del gobierno. En agosto de 2015 la Corte Suprema calificó a la MS13 y a Barrio 18 como organizaciones terroristas, con lo que allanaron el camino para estrategias antipandillas más militarizadas en un momento en que las autoridades ya hablaban de lanzar una “guerra” total contra las pandillas.
El gobierno salvadoreño parece resuelto a seguir empleando la táctica conocida como Mano Dura para enfrentar las pandillas. Sin embargo, esa estrategia agresiva no ha logrado rendir frutos en materia de seguridad. En 2015, El Salvador ocupó la posición del país sin guerra declarada con la mayor tasa de homicidios, gran parte de esta violencia se atribuye a las pandillas.
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