Siete senadores brasileños implicados en escándalo de Petrobras

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Las autoridades brasileñas confiscaron propiedades y documentos pertenecientes a altos funcionarios del gobierno por su relación con la investigación en curso sobre la corrupción en Petrobras; de esta manera se añaden nuevos nombres a una lista que ya incluye a otros miembros de la élite económica y política del país.

Clarín informó que el 14 de julio la policía brasileña allanó las propiedades de siete senadores —entre los que se encuentra el expresidente Fernando Collor de Mello— como parte de una investigación en curso sobre la corrupción en la firma estatal Petróleo Brasileiro SA (Petrobras), en un operativo llamado “Operación lavado de autos” (Lava Jato en portugués).

Según la BBC, se sospecha que los senadores aceptaron sobornos como parte de un esquema en el que las ganancias de contratos inflados por miles de millones de dólares eran desviados a las cuentas de políticos y ejecutivos de Petrobras.

Los fiscales ordenaron realizar los allanamientos autorizados por la Corte Suprema, con el fin de impedir que las evidencias fueran destruidas. Se realizaron un total de 53 inspecciones e incautaciones, incluyendo a las residencias y oficinas de los senadores implicados.

En la residencia de Collor se confiscaron tres carros de lujo —un Porsche, un Ferrari y un Lamborghini—. Collor renunció a la presidencia de Brasil en 1992, luego de ser acusado en un caso de corrupción.

Los otros seis senadores pertenecen al Partido Progresista (PP), que junto al Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta Dilma Rousseff conforma la coalición gobernante.

Análisis de InSight Crime

Las autoridades brasileñas han sido agresivas en sus investigaciones al escándalo Petrobras, que comenzó en marzo del 2014, y no han dudado en ir tras las élites económicas y políticas del país.

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De hecho, Marcelo Odebrechtpresidente de Odebrecht SA, la constructora más grande de Latinoamérica— y Otavio Marques de Azevedo —presidente de Andrade Gutiérrez, la segunda constructora más grande de Brasil— fueron arrestados en junio por presuntamente haber pagado cerca de US$230 millones en sobornos. Un fiscal que participó en los arrestos señaló que no tenía “duda alguna” de que ambos dirigían un “cartel” que cobraba sobrecargos a Petrobras y destinaba un porcentaje para sobornar ejecutivos y políticos.

Adicionalmente, por el caso han sido investigados 58 empleados y exempleados de Petrobras —incluyendo administradores y antiguos directores—.

También están siendo investigados al menos 30 políticos; y si bien no ha sido implicada directamente la presidenta Rousseff —quien dirigió Petrobras entre 2003 y 2010, cuando gran parte de los casos de corrupción habrían tomado lugar—, el escándalo continúa amenazando a lo más alto de la élite política brasileña. En particular, se han presentado sospechas de su predecesor, Luiz Inacio Lula da Silva, y el 16 de julio se anunció que los fiscales iniciarían un proceso para investigar su presunta influencia en la firma Odebrecht SA.

No parece que las investigaciones se fueran a detener en el corto plazo. De hecho, en referencia a los más recientes allanamientos, Lula señaló luego de una reunión con Rousseff: “prepárense, porque todo va a empeorar”.

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