Costa Rica reforzó su seguridad fronteriza durante la pandemia del coronavirus con el fin de tomar medidas drásticas contra el tráfico de personas procedentes de Nicaragua, pero estas medidas se ven contrarrestadas por la falta de comunicación entre ambos gobiernos.
A comienzos de abril, funcionarios costarricenses reportaron las capturas de más de 2.700 extranjeros, en su mayoría nicaragüenses, en intentos de ingreso ilegal al país desde que Costa Rica cerró sus fronteras mediante un decreto expedido en marzo, como informó CR Hoy. Según la vicepresidenta Epsy Campbell, 98 por ciento de los ingresos ilegales ocurrieron en el norte del país.
El cierre de las fronteras, sin embargo, ha incentivado el tráfico de personas a pequeña escala. A comienzos de abril, fue capturado un costarricense que ocultaba a cinco nicaragüenses en un vehículo, los cuales habían tenido que pagar 5.000 colones por persona (unos US$9).
A finales de ese mes, la policía aprehendió a un hombre luego de que detuvieran su vehículo en un retén y se descubriera que transportaba a una pareja de nicaragüenses que habían ingresado ilegalmente al país. Presuntamente, el traficante cobró a la pareja una tarifa de 30.000 colones (aproximadamente US$53) por ayudarlos a cruzar entre los países y alojarlos un día en su casa. También fue arrestado un nicaragüense por cobrar 3.000 colones (cerca de US$5) por guiar a una persona al otro lado de la frontera.
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Funcionarios de Costa Rica anunciaron esfuerzos para detener los cruces ilegales en las fronteras, entre los que se cuentan el despacho de varias unidades de policía especializadas en patrullaje fronterizo, costero y aéreo.
El director de la policía migratoria de Costa Rica, Stephen Madden, afirmó que “continuaremos [...] en vigilancia del delito de tráfico de migrantes”, y el ministro de seguridad Michael Soto anunció un refuerzo de la vigilancia en “puntos ciegos” en la frontera con Nicaragua, según CR Hoy.
Análisis de InSight Crime
Costa Rica es un punto de tránsito ideal para migrantes, narcóticos y contrabando, por sus costas en el Atlántico y el Pacífico y fronteras terrestres con Panamá y Nicaragua. Para contrarrestar el tráfico, el país ha dependido principalmente de alianzas con policías regionales, lo cual ha resultado difícil con Nicaragua.
En una entrevista reciente con InSight Crime, el ministro de seguridad Soto comentó que mientras Costa Rica mantiene una colaboración constante con El Salvador, Honduras, Panamá y Colombia, las operaciones conjuntas y la comunicación con Nicaragua son “inexistentes”.
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Las iniciativas conjuntas de Costa Rica con sus vecinos han dado frutos. El año pasado, por ejemplo, Costa Rica y Panamá desarticularon una red internacional de tráfico de personas que transportaba migrantes procedentes de Cuba, Haití y varios países asiáticos y africanos en camino a Estados Unidos. Unos 50 sospechosos quedaron bajo custodia en los operativos conjuntos.
La ausencia de relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua les impide colaborar en el seguimiento a los movimientos de personas. Esto es esencial para controlar la propagación del coronavirus, una circunstancia que hace más apremiante que nunca la cooperación estratégica entre los dos naciones.
Los funcionarios de Costa Rica, donde se presentaron cerca de 700 casos de Covid-19 a finales de abril, afirmaron que el cierre de la frontera es necesario para mantener un “cerco sanitario”. Nicaragua anunció que solo tiene unos pocos casos, información que ha sido cuestionada por la no implementación de las medidas de distancia social y aislamiento puestas en vigor en todo el mundo.
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