Venezuela, El Salvador y Bolivia han resultado últimos en la clasificación de una organización no gubernamental sobre los sistemas judiciales en todo el mundo, señalando los grandes retos de la reforma judicial en Latinoamérica.
Un índice del imperio de la ley creado por el Proyecto de Justicia Mundial (World Justice Project) asignó una puntuación a 97 países, basando su evaluación en varios factores relacionados con el estado de derecho, incluyendo la ausencia de corrupción, el acceso a los derechos fundamentales y la limitación de los poderes del gobierno.
El índice también juzga la eficacia del sistema judicial de cada país, mirando la imparcialidad del poder judicial, la vulnerabilidad a la corrupción y varias otras categorías. Venezuela, El Salvador y Bolivia obtuvieron un mal puntaje en todos los sentidos –a Venezuela y El Salvador les fue particularmente mal en términos de imparcialidad del sistema de justicia, mientras que Bolivia recibió una pésima puntuación en la categoría relacionada con la corrupción–.
Alfredo Romero, abogado venezolano y activista de derechos humanos, dijo se debe poner atención a la clasificación, "(…) porque mientras no exista un sistema de justicia confiable y respeto al estado de derecho no se puede hablar de libertades ciudadanas, ni de derechos humanos", informó el diario venezolano El Universal.
Análisis de InSight Crime
Esta es una radiografía deprimente de las fallas del sistema judicial en tres países que necesitan una reforma seria. Venezuela, en particular, se ha enfrentado a fuertes críticas por politizar su poder judicial, con Human Rights Watch señalando que durante la presidencia de Hugo Chávez, su gobierno se esforzó por controlar el poder judicial y socavar su independencia. Como ha documentado Human Rights Watch, muchos jueces y funcionarios judiciales en Venezuela han dicho que basan sus decisiones en sus lealtades políticas, en lugar del estado de derecho y el imperio de la ley.
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El Salvador ha enfrentado sus propios desafíos en el mantenimiento de un poder judicial independiente. El año pasado, cuando la rama judicial de El Salvador trató de ejercer su independencia –al invalidar el nombramiento de varios jueces de la Corte Suprema por parte de la Asamblea Legislativa – se desató una seria fricción que muchos analistas compararon con una "crisis constitucional".
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