La sobreviviente de un tiroteo que dejó 22 civiles muertos a mediados de este año afirmó que el ejército de México asesinó a los implicados en el enfrentamiento después de que estos se rindieron, reavivando las preguntas acerca del uso de la fuerza por parte del ejército y sobre la militarización de la guerra contra las drogas.
La sobreviviente, bajo el alias de "Julia", dijo a Esquire México que los militares fueron los primeros en abrir fuego en una bodega en el Estado de México, donde según el gobierno estaban alojados casi dos docenas de miembros de un grupo criminal. Esquire señaló que la revelación de lo que Julia estaba haciendo en la bodega la pondría en peligro y no presentó esta información en el artículo.
Según Julia, algunos de los jóvenes que estaban en la bodega la ataron, así como a otras dos mujeres, y luego les dijeron que fingieran que habían sido secuestradas. También afirmó que algunos de los presuntos criminales dispararon contra las fuerzas armadas antes de darse por vencidos. Los agentes del ejército procedieron abriendo fuego contra 22 personas, entre ellas una niña de 15 años de edad, y más tarde alteraron la escena reposicionando varios cuerpos, dijo. Julia y las otras mujeres fueron las únicas sobrevivientes.
Julia fue mantenida en custodia por una semana, durante la cual, tanto funcionarios de la marina del país como agentes de la unidad contra el crimen organizado de la Procuraduría General de la República (PGR), la presionaron para que dijera que los muertos eran criminales, señaló.
Después del tiroteo, que tuvo lugar el 30 de junio, las autoridades afirmaron que los muertos eran miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, y que los militares habían "rescatado" a las tres mujeres secuestradas. Sin embargo, Human Rights Watch instó a las autoridades a que durante la investigación del incidente"consideraran adecuadamente la evidencia que apunta a una acción ilícita del Estado". Un informe de Associated Press desde el lugar de los hechos señaló que existe "poca evidencia de un enfrentamiento sostenido", y que en el lugar de los hechos encontraron algunos agujeros de bala en las paredes donde los soldados habrían disparado contra los civiles desde el exterior.
Análisis de InSight Crime
La cuenta de Julia plantea más interrogantes acerca de lo que pasó durante el incidente y amplifica la necesidad de que las autoridades mexicanas conduzcan una investigación adecuada y exhaustiva. Sólo un soldado resultó herido durante el tiroteo, otro indicio de que los militares podrían haber incurrido en el uso excesivo de la fuerza. En el pasado, México ha informado de una alta relación entre el número de "agresores" muertos y la cantidad de soldados, cifras que según las organizaciones de Derechos Humanos están relacionadas con el aumento de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas.
Las afirmaciones de Julia de que las autoridades pretenden etiquetar a todos los muertos como "criminales" hablan acerca de otro problema actual de México: el riesgo de que las autoridades puedan denominar incorrectamente una muerte como "relacionada con el crimen organizado". Este potencial para etiquetar equívocamente ya ha suscitado preocupación en el pasado. En caso de que el sobrecargado sistema judicial de México realice una investigación imparcial y efectiva sobre lo ocurrido durante el tiroteo del 30 de junio se podría sentar un precedente importante, y hacer mucho para aumentar la confianza del público en que las autoridades reconozcan y corrijan sus abusos militares.
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