Las próximas elecciones presidenciales en Guatemala siguen enturbiándose con una seguidilla de investigaciones por corrupción, tras el anuncio de que las autoridades del país centroamericano abrirán una nueva averiguación a un candidato presidencial y otros diputados, una muestra de la importancia de contar con organismos anticorrupción sólidos que investiguen la mala conducta entre servidores públicos que ha permeado la clase política del país.
La fiscal general de Guatemala anunció el 6 de mayo que investiga al ministro de economía Acisclo Valladares Urruela, además de un candidato presidencial y otros seis diputados, por su presunta participación en la repartición de cerca de 58 millones de quetzales (unos US$7,5 millones) en la compra de votos de más de 60 diputados, entre 2012 y 2015 durante la administración del ahora preso expresidente Otto Pérez Molina.
Mediante un trabajo conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las autoridades afirman que la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti —también en prisión actualmente— distribuyeron sobornos desde su cargo a funcionarios de confianza en el Partido Patriota (PP) de tendencia conservadora, para asegurar la aprobación de leyes específicas y nombramientos en la judicatura.
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Esta investigación también toca a Estuardo Ernesto Galdámez Juárez, copartidario de Jimmy Morales y candidato a la presidencia por el partido de gobierno Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), en las próximas elecciones de junio.
Galdámez negó los señalamientos en un comunicado publicado en Twitter, y añadió que tiene “cero tolerancia ante la corrupción”, según Prensa Libre. Pérez Molina y Baldetti, al igual que Valladares, negaron las acusaciones, según una nota de Reuters.
Estas revelaciones siguen al arresto de otro candidato presidencial, Mario Amílcar Estrada Orellana, del partido de centro-derecha Unión del Cambio Nacionalista (UCN). En un osado intento por obtener financiamiento electoral, aquel presuntamente solicitó millones de dólares al cartel de Sinaloa de México. El escándalo también ha puesto en aprietos al presidente Morales por sus cuestionables relaciones con su antiguo contendor.
Análisis de InSight Crime
Pese a los mejores esfuerzos de las élites en Guatemala, en especial el presidente Morales, por sabotear la campaña anticorrupción, las nuevas revelaciones destacan una vez más la importancia de que el Ministerio Público cuente con el apoyo de una comisión independiente como la CICIG para sacar estos casos a la luz.
La evidencia y las denuncias de corrupción han rodeado al partido Patriota en el pasado. Tanto Pérez Molina como Baldetti están acusados de haber recibido más de US$60 millones en donaciones de campaña ilícitas entre 2008 y 2011, antes de que Pérez Molina llegara a la presidencia por elección popular. Ambos están presos actualmente por liderar una conspiración de fraude aduanero, mediante la cual se embolsaron millones de dólares en coimas, además de otras acusaciones de corrupción.
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Como lo mostró en detalle InSight Crime en una investigación en profundidad sobre la financiación electoral ilícita en Guatemala el año pasado, el partido Patriota se solventó mediante un sistema de toma y dame en el que empresarios de dudosa reputación garantizaron recursos, votos y coimas, a cambio de favores otorgados por políticos corruptos, los cuales iban desde cargos gubernamentales hasta contratos con el gobierno y protección.
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