Sospechoso de asesinatos en consulado de Juárez dice que fue torturado

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Un sospechoso en los asesinatos de 2010 de tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez ha afirmado que fue torturado luego de su detención, llamando la atención sobre las tácticas brutales utilizadas por las fuerzas de seguridad de México, a medida que luchan en la guerra contra las drogas.

Arturo Gallegos Castrellón, presunto líder de la pandilla Barrio Azteca de Ciudad Juárez, dijo que los agentes lo llevaron a una bodega después de arrestarlo con su esposa en noviembre de 2010, informó El Paso Times. Allí lo desnudaron, le administraron descargas eléctricas en los testículos, lo colgaron de los brazos y lo golpearon, mientras que su esposa era torturada y violada en otra habitación, dijo.

Según una petición presentada en el Tribunal Distrital de Estados Unidos en El Paso, Gallegos y su esposa fueron trasladados a Ciudad de México al día siguiente, donde fue torturado durante dos días más antes de confesar para el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus inciales en inglés). Fue extraditado a Estados Unidos, donde está a la espera de un juicio por varios cargos relacionados a los asesinatos.

Gallegos ha solicitado al tribunal federal rechazar sus declaraciones al FBI ya que fueron resultado de la tortura y la “presión psicológica”.

Análisis de InSight Crime

Las fuerzas de seguridad mexicanas han enfrentado durante mucho tiempo acusaciones de abuso, las cuales escalaron bajo la presidencia de Felipe Calderón. En un informe de 2011 de la ONG Human Rights Watch de Estados Unidos, se reportó haber encontrado evidencia de tortura generalizada a los detenidos bajo su mandato, facilitada por estatutos como el “arraigo”, que permite a las autoridades retener a los sospechosos hasta por 80 días sin cargos.

Las denuncias de este tipo de abusos han sido particularmente frecuentes en Juárez, y, de ser cierto, el caso de Gallegos proporciona otro ejemplo de la cara oscura de la policía en la ciudad. La brutalidad policial se ha convertido en un tema aún más polémico en la región desde la llegada del jefe de la policía en 2011, Julián Leyzaola, quien había sido destituido de su cargo anterior como secretario de seguridad pública de Tijuana por cuestiones de derechos humanos.

El periodo de Leyzaola en Juárez ha coincidido con una reducción en las tasas de homicidio, extorsión y secuestro, pero también se ha caracterizado por acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, golpizas durante la custodia y la detención indiscriminada de personas que son pobres, o que “se ven mal”.

Mientras tanto, las denuncias de Gallegos sugieren que los métodos abusivos no llegaron con Leyzaola, el hecho de que una figura tan controversial siga siendo desplegada a zonas violentas, indica que el tipo de brutalidad por parte de la policía descrita por Gallegos continúa recibiendo un apoyo oficial tácito.

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