Funcionarios de Perú expresaron su preocupación por la baja tasa de encarcelamiento de presuntos criminales, después de que el ministro del Interior revelara que menos del cinco por ciento de las personas arrestadas terminan en la cárcel.
En una conferencia de prensa el 7 de abril, José Luis Pérez Guadalupe, ministro del Interior de Perú, señaló que de las 992 personas detenidas en Lima —la capital del país— en enero y febrero por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional, sólo 42 se encuentran actualmente tras las rejas, informó El Comercio.
Pérez agregó que la mayoría de las personas detenidas por la Dirincri fueron capturadas in fraganti, pero sólo el cinco por ciento de ellas fueron enviadas a la cárcel, lo cual él considera una “falla garrafal”, informó Perú 21.
Como ejemplo, Pérez se refirió a un incidente que ocurrió el 1 de abril, cuando cinco asesinos atacaron a los pasajeros de un vehículo Porsche con granadas y metralletas. Resulta que los mismos hombres habían sido arrestados por posesión de drogas y armas ilegales en noviembre de 2014, pero fueron dejados en libertad mientras el caso se investigaba más a fondo.
Pérez dijo que se reuniría con el fiscal y con otros funcionarios para determinar si la baja tasa de encarcelamiento está vinculada a la corrupción.
Análisis de InSight Crime
El número de presuntos delincuentes liberados después de ser detenidos en Perú resalta debilidades tanto en el sistema judicial como en la fuerza policial del país.
Según Pérez, considerando el hecho de que la mayoría de los sospechosos arrestados fueron presuntamente atrapados in fraganti, la falta de encarcelamiento podría estar vinculada a la corrupción. Los ejemplos de mala conducta policial abundan en Perú. En un período de sólo un mes el año pasado, 200 policías fueron objeto de investigación por vínculos con una red criminal presuntamente dirigida por un excoronel, y más de 20 fueron destituidos de sus cargos por su presunta colaboración con una organización de tráfico de drogas. Jorge Flores, el director de la policía del país, declaró recientemente que 9.720 agentes de la policía fueron sancionados en 2014, 428 de ellos por corrupción, informó La República. En lo que va de este año, un total de 2.625 policías han sido sancionados.
El número de sospechosos que son liberados después de ser detenidos también apunta a debilidades en el sistema judicial del país. Tanto los funcionarios peruanos como los estadounidenses han expresado su preocupación por la corrupción judicial, y el zar antinarcóticos de Perú incluso señaló el año pasado que las organizaciones criminales se han infiltrado en el sistema judicial.
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Además de dejar en libertad a los presuntos delincuentes para que potencialmente cometan otros delitos, la baja tasa de encarcelamiento de la Dirincri también genera otros problemas, pues crea incentivos para que los posibles testigos no cooperen con los fiscales por temor a las represalias.
Sin embargo, el otro extremo —el uso indiscriminado de la prisión preventiva— también trae sus propios problemas. Según un informe de Open Society Justice Initiative de Open Society Foundations, más del 40 por ciento de los presos de Latinoamérica se encuentra detenido sin haber pasado por un juicio. El uso excesivo de la prisión preventiva contribuye al creciente hacinamiento en las cárceles de la región y a menudo viola los derechos de los sospechosos.
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