Cada hora y quince minutos es extorsionado un ciudadano de México, un dato que pone de relieve lo importante que es esta actividad para los criminales del país, así como los altos niveles de subregistro, que les dificultan a las autoridades de toda la región combatir este delito.
Un informe de Milenio señala que en al año 2017 los grupos del crimen organizado de México extorsionaron 6,6 millones de personas y 525.000 negocios —93,2 por ciento de las veces por teléfono—, mediante el que se ha vuelto uno de los crímenes más comunes en el país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI).
Según Milenio, de los casos reportados en 2017, el dinero exigido por los extorsionistas fue entregado en 448.800 casos de personas y en el 8,3 por ciento de los negocios extorsionados.
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Sin embargo, las autoridades no logran castigar a los autores de este delito. Los funcionarios afirman que las extorsiones no se reportan en el 97,4 por ciento de los casos —nivel de subregistro solo superado por los actos de corrupción—.
La extorsión es el tercer crimen más común en todo el país. Sin embargo, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) de 2018, a nivel estatal es el delito más común en zonas de alta criminalidad, como Guanajuato, donde los grupos criminales están enfrentados en una violenta guerra por el control de las actividades de robo de petróleo, y es el segundo crimen más común en estados como Guerrero, donde las autoridades se han esforzado durante años por combatir el control que ejercen los grupos del crimen organizado.
(Gráfico cortesía de Milenio)
Análisis de InSight Crime
Los altísimos niveles de subregistro de la extorsión en México hacen parte de un fenómeno regional en toda Latinoamérica, y representan el principal obstáculo para las autoridades en su intento por castigar a los perpetradores.
Durante la investigación de campo en la región del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), InSight Crime descubrió que los ciudadanos no denuncian estos delitos por temor a represalias de las pandillas, debido a la posibilidad de que las unidades de policía corruptas dejen filtrar información, o simplemente porque creen que será inútil, dado que el crimen se ha vuelto tan generalizado que es prácticamente inevitable ser víctimas del mismo.
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Pero lo que hace aún más difícil castigar a los extorsionistas es el hecho de que un gran número de las llamadas extorsivas se hacen desde las prisiones utilizando teléfonos celulares que han sido ingresados de manera ilegal. Aun si las autoridades saben quién ha exigido las extorsiones, es muy difícil reunir la evidencia necesaria para construir un caso lo suficientemente sólido como para enjuiciar a los responsables.
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