Un nuevo informe detalla cómo los abogados defensores en Guatemala se aprovechan de la lentitud de los procesos judiciales para entorpecer el avance en casos de corrupción de alto perfil, una muestra de la necesidad de que el país emprenda reformas institucionales para reforzar las medidas contra la corrupción entre las élites.
El 13 de noviembre, Human Rights Watch publicó un estudio que ilustra lo que el grupo defensor llamó un "patrón consistente" de los abogados defensores para dilatar los procesos penales presentando recursos "repetidos y muchas veces infundados" frente a los fallos de la corte, ý solicitud de recusación de jueces.
El estudio identifica varios casos penales que lleva el Ministerio Público de Guatemala, con ayuda de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con aval de las Naciones Unidas, que se han visto afectadas por esas tácticas, entre ellas el caso de la red de fraude aduanero "La Línea", que llevó al derrocamiento del expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta Roxana Baldetti en 2015.
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Según el informe, el uso de los recursos legales conocidos como "amparos" se ha disparado en los últimos años. Sin embargo, la mayoría de ellos son rechazados en última instancia, un indicio de que los abogados aprovechan la "lentitud y vacilación" con que los tribunales en Guatemala tratan esas peticiones con el fin de dilatar los procesos judiciales.
La ley guatemalteca concede a los jueces un máximo de 31 días para resolver los amparos. Pero Human Rights Watch halló que tomar una decisión por lo general demora de seis a doce meses, y los jueces y abogados defensores rara vez enfrentan sanciones por recurrir a dichas dilaciones.
Los abogados que interponen peticiones de amparo improcedentes pueden afrontar una multa de 1.000 quetzales (unos US$135), y los jueces pueden ser llevados ante la Junta de Disciplina Judicial por esta infracción. Sin embargo, el grupo defensor informó que más de 3.000 abogados deben multas y solo se ha hallado falla en tres jueces de más de 100 reclamos disciplinarios interpuestos por dilación excesiva en 2016.
Análisis de InSight Crime
Human Rights Watch indica que el caso de "La Línea" es apenas uno de varios casos de alto perfil "atascados en procesos previos al juicio", y aún no se llega al proceso más de dos años después de revelarse. En el pasado, otros sospechosos penales hicieron uso deliberado de amparos para retrasar las acciones legales en su contra.
Para combatir el abuso de los amparos, el estudio recomienda una reforma a los procesos legales en torno a ellos, incluyendo el imponer el cumplimiento de las fechas límites y las sanciones a jueces y abogados responsables de demoras injustificadas.
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Aunque dichas reformas podrían aminorar el uso de los amparos como táctica dilatoria, probablemente tendrían poco respaldo de las élites guatemaltecas, las que han mostrado una extraordinaria disposición a la manipulación abierta del sistema legal a su favor.
Más aún, como lo ha señalado el comisionado de la CICIG Iván Velásquez, los vacíos en el sistema legal de Guatemala son numerosos, lo que contribuye a una impunidad casi absoluta por los delitos cometidos en el país. En otras palabras, las reformas a los recursos de amparo son solo uno de los muchos cambios institucionales que se necesitan para fortalecer la capacidad del sistema judicial para manejar casos criminales importantes.
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