Un aumento en el número de robos de combustible a comienzos de 2019 sería la nueva evidencia de que esta economía criminal, de alto perfil, puede ser demasiado omnipresente para que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pueda ponerle fin al problema.
Entre enero y mayo de 2019, se presentaron en todo el territorio mexicano 6.621 casos de robo de combustible o huachicoleo, según nuevos datos de la petrolera estatal Pemex. En total son 91 casos más, un leve incremento de 1,6 por ciento, frente a los 6.530 registrados en el mismo periodo de 2018.
En los primeros cinco meses del año, los estados con el mayor número de ataques a oleoductos fueron Hidalgo— con 2.170 robos—, seguido del estado de México (923), Puebla (677), Tamaulipas (673) y Guanajuato (629).
Los volúmenes de gasolina robada se redujeron considerablemente, con estimativos de rebajas hasta de 93 por ciento del total, según Pemex.
El informe también mostró que centrarse en la erradicación del robo de combustible en una zona específica puede tener poco impacto general, ya que los robos repuntarán en otros lugares.
Gran parte de la campaña mexicana contra el huachicoleo se ha concentrado en el estado de Guanajuato, en particular contra el Cartel de Santa Rosa de Lima, quienes se han especializado en esta economía criminal.
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Pero aunque esta campaña redujo la cantidad de robos en 17 por ciento este año en Guanajuato, el fenómeno se disparó en 182 por ciento en Hidalgo.
Y en ciertos estados donde era raro el huachicoleo, los números también subieron como la espuma; es el caso de Chiapas, que pasó de dos robos a comienzos de 2018 a 14 este año.
Análisis de InSight Crime
En una dinámica importante, acierta el presidente López Obrador. La cantidad de gasolina sustraída de los oleoductos de México se ha desplomado desde su llegada al poder. La militarización de los alrededores de las refinerías, el ataque a grupos criminales especializados y la decisión de transportar algunos suministros de combustible con camiones cisterna han ayudado.
Pero, ¿a qué costo?
La guerra que se libra contra el Cartel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato ha llevado presuntamente a las capturas de cerca del 50 por ciento de los miembros del grupo. Pero esto no ha hecho más que agudizar la espiral de violencia que ha llevado la tasa de homicidios en Guanajuato, un importante estado industrial y turístico, a dispararse en un 400 por ciento en un lapso de cuatro años.
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El Cartel de Santa Rosa de Lima, posiblemente el grupo criminal más importante del país en el negocio del robo de combustible, podría estar al borde de la desaparición. Le falta el tamaño y la diversificación criminal de sus rivales de mayor tamaño.
Sin embargo, como lo muestra el informe de Pemex, esta prolongada campaña del gobierno contra los huachicoleros carece de capacidad de sostenimiento. Aunque es un medio de ingresos para los grupos criminales, la perforación ilegal de oleoductos supone también una oportunidad para las comunidades pobres de abastecerse de gasolina.
La explosión del oleoducto de Hidalgo en enero pasado, que dejó 137 muertos, sucedió luego de que cientos de residentes locales bajaran al sitio, pese a la presencia de una veintena de soldados.
Las cifras de Pemex solo muestran cómo el huachicoleo sobrevivirá y se extenderá, surgiendo en nuevas zonas cuando los accesos existentes se cierren. Detener a grupos criminales es una cosa. Resolver las condiciones socioeconómicas que empujan a miles de mexicanos comunes a recurrir al huachicoleo en todo el país es otra cosa muy distinta.
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